¿Puede España convertirse en un país abolicionista de la prostitución?

La ministra Ana Redondo, desde que recogió la cartera de Igualdad, ha mencionado en varias ocasiones que el abolicionismo está en su agenda. “La prostitución es una forma de violencia, y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y niñas no sean prostituidas. Queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo”, aseguraba en la última Comisión de Igualdad del Senado, remarcando, además, que la trata no puede desligarse de la prostitución por entender que son “dos caras de la misma moneda”. Por eso, subrayó como “imprescindible” penalizar la demanda de prostitución y perseguir cualquier forma de proxenetismo.

El pasado viernes, en el Consejo de Ministros extraordinario anunciaba la aprobación del anteproyecto de ley de trata para abordar la trata con fines de explotación sexual.

Pero su propuesta para acabar con la explotación sexual no finaliza aquí: Redondo también anunció que su grupo presentaría una oposición de ley para que las tercerías locativas sean penalizadas y el artículo 187 del Código Penal recoja este delito, mostrando la intención del PSOE de recuperar una propuesta que hizo en la legislación pasada para perseguir y penalizar a los dueños de los pisos o locales donde las mujeres ejercen la prostitución, a través de una enmienda en la ley del sólo sí es sí.

Por aquel entonces, en 2022, la propuesta recibió el apoyo del PP para iniciar su trámite, pero supuso un punto de debate entre el PSOE y su anterior socio de Gobierno,  Unidas Podemos. También se encontró con la oposición de otros de sus socios parlamentarios. Preguntados por ello, su nuevo socio, Sumar, no indica su postura. Su pacto de coalición no menciona ni esto, ni la gestación subrogada. Ya lo dijo Adriana Lastra en aquella rueda de prensa cuando se mostró visiblemente molesta con la oposición de los grupos de la mayoría —excepto el PP— a la enmienda: muchos de ellos todavía no tienen resuelto internamente el debate.

Pero, al igual que Junts, EH Bildu, PNV y ERC, parte de Sumar (como Más País) no cree que el abolicionismo sea la vía para abordar la prostitución o para acabar con la trata. Por ejemplo, los Comunes votaron en la pasada legislatura en contra de la norma por considerarla “paternalista”, al igual que ERC. Además, fue En Comú quien enmendó la ley del sólo sí es sí para que tampoco se penalizara a quien ejerza el proxenetismo “no coactivo” (no violento), ni a quienes se beneficiaran del alquiler de pisos para ejercer el trabajo sexual, como se buscaba en un primer momento.

Por su parte, Junts, EH Bildu y PNV se abstuvieron de la tramitación de la ley pidiendo que se distinguiese la prostitución ejercida libremente de la trata, tildando la norma de “feminismo punitivista”.

El aliado más claro que puede tener el PSOE en materia de abolicionismo es el PP. Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, asegura a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, que espera que la futura ley de trata salga adelante. De ella también espera que sea integral, es decir, que no aborde solamente el ámbito penal —castigando a los clientes o a los dueños de los locales donde se ejerce la prostitución—, sino que dé salidas laborales, económicas y sociales a las mujeres que han sido víctimas de explotación sexual para que puedan vivir.

Alós señala que el 80% de quienes están en el mundo de la prostitución “son explotadas por proxenetas y mafias”. Un dato que, asegura, viene de informes de la Policía. Sin embargo, Estefanía Acién, socióloga e investigadora en la Universidad de Almería especializada en prostitución, pone en duda ese porcentaje. Ella lleva investigando sobre ello desde 2003. Veintiún años en los que ha aprendido que “todos los datos que tienen que ver con la trata hay que mirarlos con lupa”. “Es un fenómeno donde muchas de las personas abolicionistas, entre las que se incluyen asociaciones que trabajan con víctimas de trata, consideran que ninguna mujer libre, o con alternativas, ejerce la prostitución”, asegura. Su alegalidad hace que apenas haya datos oficiales sobre cuántas mujeres la ejercen, ni en cuántos prostíbulos o pisos, cuántos hombres acuden a ellos y exactamente cuánto dinero mueve.

Explica que la ideología abolicionista de la prostitución se remonta a la era victoriana y al puritanismo de la Inglaterra de finales del siglo XIX. Entonces se consideró que debía ser abolida, igual que se había terminado con la esclavitud. Entendían que estas mujeres son esclavas de sexuales del patriarcado: la existencia misma de la “prostitución era una institución patriarcal que supone la dominación del hombre sobre la mujer a través de su acceso por precio al cuerpo”.

El problema, señala la investigadora, es que con el paso del tiempo han visto que los países en los que se lleva a la práctica las políticas abolicionistas, como por ejemplo en Suecia, no han conseguido terminar con la trata. Acié resalta que el origen de este delito es más complicado que la mera existencia de la prostitución. En él entran factores como la desigualdad económica entre distintos países, las restricciones en las políticas migratorias o las limitaciones en el mercado de trabajo de las personas en situación irregular.

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