Las mismas "maras" o bandas criminales a las que pertenecían los sicarios que mataron a su marido -José Antonio Torres Galdámez- y a sus suegros -María Graciela Galdámez de Torres y el emigrante coruñés de 80 años Manuel Torres Fernández- la extorsionaron y amenazaron de muerte forzándola a escapar. La salvadoreña que presuntamente encargó el crimen de sus tres familiares para apoderarse de su patrimonio se declaró inocente y aseguró ayer en el juzgado de Ourense que fue el miedo lo que la indujo a huir.

Evelyn del Rosario Hernández, de 57 años, negó los cargos que se le imputan, pero el juez de guardia -a instancias de la fiscal, la orden internacional de detención de El Salvador y la gravedad de las sospechas en aquel país- la envió a la prisión de Pereiro de Aguiar, donde permanece a disposición de la Audiencia Nacional, que asume los trámites de extradición.

La mujer, oculta bajo un gorro y unas gafas, presentó ayer unas cartas con supuestas amenazas de las bandas criminales. Aseguró que tales extorsiones se remontaban a dos años atrás cuando la mujer atravesaba una situación boyante con su negocio que luego empeoró y le habría imposibilitado pagar. A posteriori, el 20 de junio pasado, ocurrió el crimen de su marido y suegros. Sin embargo, fuentes salvadoreñas creen que falseó los escritos amenazantes -en los que le pedirían entre 4 y 14.000 dólares por dejarla en paz- para granjearse el apoyo de la familia gallega de su suegro, el emigrante de Betanzos, y lograr asilo.

De hecho, apenas dos semanas después del triple asesinato, Evelyn viajó en compañía de su hija desde El Salvador hasta A Coruña, con escalas en Costa Rica y Madrid. Pisó territorio gallego el 5 de julio y, solo tres días después, se desplazó a Santiago de Compostela para intentar obtener papeles de residencia. El trámite no llegó a buen puerto pues, en la actualidad, como refrenda el propio auto judicial de prisión, la sospechosa continúa en situación irregular.

La acusada reconoció ayer que pensó en viajar a EEUU, donde vive un hijo y sus padres, pero no lo habría hecho porque carecía de visado. Además, según apuntó, actualmente estaba trabajando en la ciudad de A Coruña al cuidado de una señora, pero no aportó pruebas.

Evelyn del Rosario fue detenida cuando salía de un hostal céntrico de Ourense, adonde se había desplazado desde a A Coruña, posiblemente alertada al trascender en algunos medios que la Fiscalía de su país la responsabilizaba como inductora de la masacre. También para este punto ofreció ayer la acusada respuesta, al explicar que llegó a Ourense tras haber ajustado su calendario de trabajo de manera que pudiera disfrutar de unos días con un familiar, un sobrino según algunas fuentes.

La Fiscalía General de la República no tiene dudas. Según esta acusación, Evelyn del Rosario contactó por teléfono a los sicarios, les ofreció un croquis con la distribución de la casa familiar, les recomendó no usar armas de fuego por el ruido e incluso les abrió la puerta el día de los hechos para que cometieran los crímenes. Los tres presuntos autores materiales de los asesinatos ya están encarcelados.

Las autoridades judiciales de su país consideran que el móvil de los crímenes es que la mujer quería quedarse con numerosos bienes y más de 530.000 euros que su marido y sus suegros tenían en cuentas bancarias. La acusada lo negó y alegó para ello que nunca heredaría ese patrimonio porque se casó con separación de bienes.

La vinculación de Evelyn del Rosario con el triple asesinato no supone la primera ocasión en que la mujer se coloca en el disparadero de la Justicia. La acusada de concertar la muerte de sus tres familiares intentó pagar en los años noventa una deuda, tal y como difunde el periódico salvadoreño El Diario de Hoy, utilizando para ello cheques sin fondos.

En 1994, Evelyn fue procesada por un delito de estafa a una ciudadana en una época en la que además, conforme a diversas fuentes, regentaba un negocio que le permitía vivir con desahogo. Había hecho intercambios de mercancía y préstamos con la víctima en los que, según la investigación judicial, "tras haber recibido dinero utilizó libramientos de cheques como ardid para producir un perjuicio económico" a la estafada. Un juez ordenó en esa época su detención.