La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que, ante la incomparecencia en el juicio de los agentes encubiertos de la DEA, absuelve a la organización colombiana asentada en Madrid relacionada con narcos gallegos como adelantó LA OPINIÓN, no solo califica de "indignante e indigna" la ausencia de los agentes americanos convocados por la propia Sala, sino que cuestiona también la actuación de la Fiscalía Antidroga, a quien reprocha no haberlos propuesto como testigos.
Y es que una de las primeras operaciones con agentes encubiertos extranjeros autorizados a operar en territorio español, que se saldó con la intervención de 600 kilos de cocaína introducidos en un avión de la DEA en la base aérea canaria de Gando y el procesamiento de 22 personas, ha resultado un fiasco al no declarar los policías americanos.
Oficialmente, la oficina antidroga de EEUU en Madrid pospone cualquier valoración, si bien fuentes extraoficiales apuntan a un posible error, ya que estarían en contacto con la Fiscalía y no fueron citados. Una explicación que contrasta con el duro varapalo que el tribunal presidido por Alfonso Guevara da a la colaboración de la DEA en esta ocasión.
"La inasistencia a juicio de los agentes de la DEA fue de carácter voluntario, eludiendo sus mentores la posibilidad de su presencial física en el plenario, ni aún mediante videoconferencia, sin aducir causas justificativas de alguna enjundia. Cosa tanto más inadmisible si se toma en consideración que los precitados agentes fueron quienes, como afirman los funcionarios españoles, iniciaron y mantuvieron una participación directa e inmediata en las sustanciales actividades de investigación de los hechos enjuiciados, pese a lo cual -todo hay que decirlo- no fueron propuestos en calidad de testigos por el Ministerio fiscal".
El auto recoge que la reiterada negativa a la comparecencia de los agentes de la DEA, aludiendo a actividades encubiertas, la situación de jubilado en paradero desconocido de Joe Bond y hasta "dificultades tecnológicas de una videoconferencia", impone a la Sala la consideración de la ineficacia de los testimonios de referencia de los funcionarios españoles. Añade, además: "No parecer que los agentes extranjeros estuviesen dispuestos a prestar declaración, no ya en el plenario, sino en dependencias policiales españolas ni en juzgado alguno, cuando bien hubieran pedido hacerlo durante su estancia -aún siendo breve- en España".
La absolución de los 22 procesados por tráfico de drogas, entre ellos el policía antidroga de la Udyco destinado en Pontevedra, José Antonio R.M. El invisible, que protegía a la organización desarticulada y que habría frustrado al menos otras tres operaciones de sus compañeros y que fue condenado por cohecho a 4,5 años de cárcel, es un triste final para una investigación del Greco Galicia abierta dos años atrás.
Las numerosas escuchas y seguimientos al grupo no han bastado para que el tribunal les condene. El fallo tilda de "proyectos delictivos" los dos intentos fallidos para introducir alijos de cocaína por mar. Los considera "meramente anecdóticos", pese a que uno de los barcos y los más de mil kilos de droga que transportaba fue interceptado por la Aduana francesa.
La Sala entiende que únicamente pueden considerarse hechos probados los que conciernen a los 600 kilos de cocaína introducidos en avión en Canarias en la operación encubierta de la DEA con el Servicio de Vigilancia Aduanera y que al cruzarse con la investigación del Greco se unieron.
El relato de los hechos arranca con la llegada al aeropuerto de Gando el 14 de junio de 2008 de un avión de la DEA con los agentes Mario, Jaime y Barry y 600 kilos de cocaína de escasa pureza (47%), valorado en 23,2 millones de euros. La droga habría sido cargada en el Atlántico y el avión hizo escala en Puerto Rico, aunque no pudo ratificarse.
Tres días después, según el fallo judicial, una furgoneta trasladó la droga al centro comercial Las Arenas de Las Palmas. Mario la puso a disposición de uno de los acusados, Jorge Brito que falleció durante el juicio, y de José Miguel A.S. Ambos fueron detenidos en cuanto Brito entregó a Mario 20.000 euros como parte del pago. Frente a los argumentos del tribunal, la Fiscalía podría recurrir la sentencia en los próximos días.
