La joven María Teresa Alonso, de 20 años, que resultó herida en la avalancha ocurrida en la madrugada del día 1 en el recinto del Madrid Arena, durante la fiesta de Halloween, falleció ayer en la Fundación Jiménez Díaz de la capital a las 13.30 horas. La quinta víctima mortal de la macrofiesta murió a consecuencia de las "lesiones cerebrales severas" que sufrió. Nacida en Madrid el 5 de abril de 1992, la chica permanecía en la UVI del centro con ventilación asistida y en estado de coma.

Las otras víctimas son Katia Esteban Casielles, de origen ourensano, Rocío Oña Pineda y Cristina Arce de la Fuente, todas ellas de 18 años y fallecidas el mismo día de la tragedia, y Belén Langdon, de 17 años, que murió 48 horas después.

Tras el suceso, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, explicó que el evento cumplía todos los requisitos legales y técnicos para su celebración y que, según la información facilitada por la empresa organizadora, Diviertt, se vendieron 9.650 entradas de las 10.600 disponibles. Sin embargo, el recuento final de las ocho urnas de entradas encontradas por la Policía arroja una cifra de 16.791 tiques, lo que supera en un 58,4% el aforo permitido.

Horas después de la tragedia, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció que el Ayuntamiento se personaría como acusación particular si el juez determina que la empresa tiene responsabilidad. Además, aseguró que, mientras sea alcaldesa, no se cederán "nunca más" espacios municipales para eventos similares. En los días siguientes, la oposición y diversos colectivos criticaron la gestión municipal y pusieron en duda los datos inicialmente difundidos por el vicealcalde, cuya gestión fue expresamente avalada por Botella.

El día 13, el tercer teniente de alcalde, delegado de Economía y presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (propietaria del recinto Madrid Arena), Pedro Calvo, presentó su dimisión, aunque mantiene el acta de concejal. Tres días después, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la constitución de una comisión de investigación sobre el caso, que comenzó el pasado martes y ayer fue suspendida en señal de luto.

Según se supo ayer, un vigilante de la empresa Seguriber ha asegurado a la Policía que la tragedia se debió al exceso de aforo y al mal control de los asistentes por parte de los trabajadores de la firma encargada de la seguridad en el interior, Kontrol 34.

Simón Viñals, jefe del equipo médico contratado por la organizadora, dijo esa madrugada a un miembro del Samur -según el testimonio de éste- que llevaba toda la noche atendiendo borrachos "y ahora me traen esto", en alusión a la mortal avalancha. Así lo señaló un miembro del Samur que acudió al recinto, para quien el equipo médico contratado no estaba preparado y no reaccionó adecuadamente.