El fiscal del caso Kárate pidió penas de entre 18 y más de 300 años de cárcel para los cuatro acusados de abusar de decenas de alumnos de una academia de artes marciales de Gran Canaria, en el mayor proceso por pederastia celebrado hasta la fecha en España. En su informe final, el representante del Ministerio público, Pedro Gimeno, solicita que la sentencia no "cargue las tintas" solamente en el principal procesado, Fernando Torres Baena.
Según el fiscal, Torres Baena creó una estructura sexual para abusar de sus alumnos, a la que perteneció en sus inicios su primera mujer, que llegó a estar imputada en la causa, y después, a partir de los años 90, de manera "voluntaria y entusiasta", las monitoras acusadas María José González e Ivonne González. El cuarto acusado, el monitor Juan Luis Benítez, no formó parte de este triángulo pero se benefició de él para cometer abusos.
El fiscal solicita para el principal acusado una condena de 303 años de prisión por 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas. Los otros tres -María José González, Ivonne González y Juan Luis Benítez- se enfrentan a condenas que van desde los 18 hasta los 164 años de cárcel.
Gimeno considera que, sin la ayuda de sus "lugartenientes", esa estructura es "imposible" que se hubiese mantenido durante más de 20 años, como recordó que también señaló en el juicio el criminólogo Vicente Garrido Genovés, que actuó como perito de la acusación.
El fiscal subraya que los testimonios de las víctimas han sido "amplios y variados", con detalles sobre cómo y dónde ocurrieron los hechos. Han hablado de situaciones de zoofilia, de los juguetes sexuales que se emplearon, de las cremas utilizadas para facilitar las relaciones anales y de cómo muchos de ellos tuvieron su primera experiencia sexual con los acusados, a los que no se les ha hallado ningún signo de enfermedad mental que les exima de su responsabilidad.
Gimeno rechazó también la teoría de la conspiración aludida por el principal acusado para explicar el caso, pues indica que no se han aportado datos que fundamenten que ésta fuera la intención de las víctimas. Los denunciantes del caso no compartían nada, "ni edad, ni orígenes o lugares de residencia", su "único denominador común" era que iban al gimnasio de Torres Baena y a su chalé de Vargas, donde se cometieron la mayoría de los abusos, señaló la acusación pública.
Además, rechaza que se intente presentar a los tres monitores procesados también como víctimas de Torres Baena, pues, según Gimeno, no tuvieron "sentimientos de angustia o duda" como sí le ocurrió a su primera mujer o a otros adultos que dejaron de ir al chalé de Vargas.
La acusación particular ejercida, que representa a la mayor parte de las víctimas, subrayó también en su informe la "abundantísima prueba" que se ha presentado para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.
El letrado recalcó que 24 víctimas han dicho que siendo menores sufrieron penetraciones anales y 26 han afirmado haber sido desvirgados por los acusados, en muchos casos a la edad de 8 y 9 años.
