El doctor Simón Viñals, el jefe del equipo médico contratado por la organizadora para la macrofiesta del Madrid Arena, no podía ejercer la práctica activa de la medicina desde 2005, de acuerdo con los estatutos del Colegio de Médicos de Madrid. Así lo aseguró a Efe un portavoz de este colegio profesional, en respuesta a la petición del colectivo Manos Limpias, de que aclarase si Viñals podía ejercer como médico en el recinto Madrid Arena, donde una avalancha provocó la muerte de cinco jóvenes.
"Las circunstancias concretas del caso las desconocemos. No sabemos si Simón Viñals estaba ejerciendo individualmente, a título personal, o estaba allí como representante de una entidad", apuntó. No obstante, precisó que Viñals es un colegiado honorífico, tal y como figura en su base de datos, lo que significa que no puede continuar en el ejercicio activo de la profesión médica.
De acuerdo con los estatutos del Colegio de Médicos, se otorga la condición de colegiado honorífico a médicos que han cumplido los 65 años y a los que, sin haberlos cumplido, se encuentren en estado de invalidez o incapacidad física totalmente, siempre que en ambos casos lleven un mínimo de 25 años de colegiación. Para ello tienen que acreditar que no continuarán en el ejercicio activo de la profesión médica, lo que hizo Viñals en 2005, añadieron las citadas fuentes.
El Gobierno municipal de Ana Botella evitó contestar a los abogados de las familias de las víctimas pero insistió en que el recinto municipal donde se produjeron los hechos es seguro y todo sucedió porque se superó el aforo.
El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, fue preguntado por las críticas de los abogados, que calificaron de "intolerable" e "inadmisible" que se permitiera celebrar una fiesta de las características de la del 1 de noviembre en un recinto sin las medidas de seguridad necesarias. Dijo que el Ayuntamiento "confía plenamente en la independencia y en la autoridad judicial para que se sepa realmente todo lo que ocurrió aquella noche".
Así, Villanueva señaló que "serán los tribunales los que determinen la responsabilidad civil que pueda tener el Ayuntamiento", que en consecuencia "parece lógico esperar" a esa decisión y que el ejecutivo local acatará "lo que digan los tribunales de justicia".
El número dos de Ana Botella se limitó a insistir en que el Madrid Arena "es seguro", puesto que en él se han desarrollado "multitud de actividades", pero que, "cuando se vulneran las condiciones de aforo y se duplica, un recinto que es seguro se puede convertir en inseguro".
Mientras, el juez Eduardo López y la fiscal del caso Madrid Arena realizarán el 26 de diciembre una nueva inspección ocular para conocer dónde estaban desplegadas las 127 cámaras de seguridad del recinto en el que el pasado 1 de noviembre murieron cinco jóvenes.
El magistrado ya realizó el 14 de noviembre otra inspección al recinto junto con autoridades de la Fiscalía, la Policía Nacional y los agentes que esa noche asistieron a la fiesta, estando fuera de servicio. El recuento judicial de las entradas concluyó con 16.791, un 58% más del aforo permitido.
