El municipio gerundense de Lloret de Mar se convirtió ayer en escenario de un golpe contra la mafia rusa protagonizado por la Guardia Civil, que ha efectuado cuatro detenciones en el marco de una operación contra un grupo dedicado al blanqueo de capital en España. El principal detenido es Andrei Petrov, supuesto líder de la trama, así como su padre, B.P., Pilar G. y J.O., según ha informado la Guardia Civil.
Los cuatro están acusados de blanquear más de 56 millones de euros en negocios de todo tipo en Cataluña, durante dos años, a través de una red de empresas vinculadas a Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.
Este grupo mafioso blanqueaba fondos procedentes de Rusia y tenía relaciones societarias con dos organizaciones criminales de ese país: Solntsevskaya y Solomonskaya. La intervención desplegada en Lloret de Mar recibe el nombre de Operación Clotilde y está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Andrei Petrov está acusado como los otros tres detenidos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental y, según la policía, había creado numerosas empresas con la colaboración y el asesoramiento de otras personas infiltradas en el tejido económico de la zona.
La red había llegado a patrocinar, a través de algunos de sus miembros, a clubes deportivos de la zona y contaba con sociedades y colaboradores ubicados en las Islas Seychelles, Chipre, Andorra, la República Eslovaca o las Islas Vírgenes británicas, paraísos fiscales en algunos casos.
El foco principal de atención en el municipio de Lloret fue el ayuntamiento, donde la Guardia Civil acudió a las 8.30 horas para solicitar documentación de personas físicas y jurídicas, según explicó el alcalde, Romà Codina (CiU).
Además, los agentes registraron domicilios particulares y lugares de trabajo de algunos de los detenidos, como el de Pilar G., arquitecta de una inmobiliaria ubicada en el paseo Marítimo de Lloret de Mar.
Los cuatro detenidos, una cifra que podría aumentar en los próximos días, serán trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Madrid para, previsiblemente, pasar a disposición de la Audiencia Nacional el próximo lunes.
El alcalde precisó que la investigación no afecta al consistorio ni a ninguno de sus trabajadores.
