El crimen del subteniente de la Guardia Civil de Cangas Jorge Fernández Silvoso llegará pronto a juicio. El joven que lo mató, hijo de la compañera sentimental del fallecido, Francisco Acuña Martínez, padece serios trastornos mentales y se enfrenta a graves penas de internamiento a cumplir en un psiquiátrico. Los hechos tuvieron lugar en el domicilio de la víctima, el día 8 de enero de 2011, en presencia de la madre del agresor.

La acusación particular, que representa a los tres hijos del guardia civil, que era viudo, piden que se juzgue al acusado, el joven de 21 años, Francisco Acuña Martínez, por un delito de asesinato y considera que concurrió alevosía, con el agravante de parentesco. Reclama el internamiento del acusado en un centro psiquiátrico penitenciario cerrado, al ser el adecuado al trastorno orgánico de la personalidad que padece y a su peligrosidad, por tiempo superior a 20 años. Además, solicita que se le prohiba residir o acudir a Cangas y aproximarse a los hijos de la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera otro por ellos frecuentados, periodo que comenzará a computarse una vez haya finalizado el internamiento psiquiátrico. En cuanto a la responsabilidad civil, reclama una indemnización a los hijos de 125.000 euros.

La acusación particular no discrepa del diagnóstico del forense. En su informe señala que Francisco Acuña padece de un trastorno orgánico de la personas, ausente de la capacidad volitiva, ausencia de la capacidad de reflexión y de tomar en consideración las consecuencias de sus actos. El forense mantiene que este trastorno es consecuencia del accidente de circulación que sufrió Francisco Acuña un año antes de la muerte a puñaladas del subteniente de la Guardia Civil de Cangas. Este trastorno no tiene cura pero sí un tratamiento de por vida, que no podrá interrumpir.

Por su parte, el Fiscal solicita 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico -no penitenciario- para el acusado. Califica la muerte del subteniente de homicidio y solicita una indemnización de 100.000 euros para los hijos de la víctima.

Mientras, la defensa hace hincapié en el estado mental de su cliente y sostiene que al tener anulada la capacidad volitiva, que le impide tomar en consideración las consecuencias de su acto, "resulta inimputable desde un punto de vista penal". Considera que al no existir la imputabilidad no se puede hablar de delito. Por descarta la alevosía.

"En el presente caso la alteración psíquica que sufre el acusado le impediría en cualquier caso actuar con el dolo que exige el conocimiento y la voluntad, no solo sobre el hecho de la muerte, sino también que realiza con la concreta indefensión de que se trate y obrar en consecuencia. Al no existir delito no se puede hablar de autoría". Pide su libre absolución, aunque subsidiariamente entiende que procedería a imponer la media de seguridad de internamiento en un centro cerrado adecuado a la anomalía psíquica que padece Francisco Acuña, que no puede ser superior a los siete años y seis meses. Cifra la cuantía de la indemnización a los familiares en 72.564, 33 euros.