El jefe del servicio de patología forense del Imelga, José Blanco Pampín, aseguró ayer que se permitió la incineración del cuerpo de la pequeña Asunta porque los cinco forenses que practicaron la autopsia recogieron "todos los vestigios posibles". En su opinión, una primera autopsia si está bien hecha es muy destructiva para el cadáver y "resulta muy difícil conseguir información adicional en una segunda", explicó en una entrevista concedida ayer a Telecinco en compañía de otros compañeros del departamento de medicina legal de Santiago de Compostela.
El profesional no quiso desvelar datos de la autopsia del cuerpo de Asunta, dado el secreto de sumario que pesa sobre el caso, pero sí abordó en líneas generales la importancia de algunas pruebas cuyos resultados todavía están pendientes. Este es el caso del análisis del cabello de la niña. "El pelo es una matriz que actúa como depósito de sustancias o medicamentos. Tiene tanta memoria como su vida, incluso en personas fallecidas que han sido exhumadas", explicó. De ahí que en el caso de la pequeña Asunta el análisis de su pelo determinará durante cuánto tiempo fue medicada o sedada, y qué sustancias se utilizaron.
José Blanco, cuestiones del destino, fue el forense que certificó la defunción de los abuelos maternos de Asunta -que fallecieron en apenas siete meses de diferencia en 2012- para su incineración, si bien el certificado de muerte natural lo extendió el médico de cabecera de ambos. Al llegar a este punto, el forense evitó hacer declaraciones y puso fin de forma amable a su entrevista en Telecinco.
El abogado de Rosario Porto, el penalista coruñés José Luis Gutiérrez Aranguren, insiste en que se levante el secreto de sumario "ya" pues considera que solo se ha decretado "para la defensa, no así para el público general ni para la prensa, que a diario nos sorprende con fotografías de pruebas que, previamente, se anuncian con amplia difusión".
En este sentido el letrado se pregunta cómo "terceros" tienen acceso a lo que "se declaró, se encontró y aprehendió en los diferentes registros", mientras que a los imputados "ni tan siquiera se les hace saber el por qué de la decisión de la privación de libertad", según el recurso contra el encarcelamiento de su clienta en el que incide en la "falta de motivación" para el envío a prisión provisional.
Para Aranguren, esto implica "la aparición de un número ingente de personas que acuden a los lugares en los que se van a practicar diligencias de investigación y que claman por el linchamiento físico y moral de dos personas, con absoluto desprecio a la presunción de inocencia".
