Cuando está a punto de cumplirse un mes desde que Asunta apareció muerta en una pista forestal de Teo, las pruebas acorralan cada vez más a los padres de la menor. Tanto que ayer, un día después de conocerse que el caso será juzgado por un jurado popular, el fiscal endureció todavía más su acusación contra Rosario Porto y Alfonso Basterra al elevar la calificación de delito de homicidio a delito de asesinato. La razón es que la acusación pública entiende que existen las agravantes de alevosía y de parentesco.

La primera de ellas implica que habría intencionalidad y una planificación en dar muerte a la menor: tal y como se contempla en el Código Penal, los medios, modos y formas usadas en la ejecución del crimen buscan asegurar la muerte deseada, sin riesgos para el autor y asegurando la indefensión de la víctima. Todo apunta a que las pruebas toxicológicas que desvelan que la menor era sedada desde meses atrás y que recibió una dosis letal de fármacos horas antes de su fallecimiento han sido fundamentales para el cambio de calificación. La tesis de los investigadores es que la víctima fue narcotizada y que después falleció por asfixia.

La de ayer fue otra jornada clave en la investigación de este crimen. Los padres de Asunta fueron trasladados desde la cárcel coruñesa de Teixeiro hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago para poner en marcha el trámite legal contemplado en todo proceso que se dirime por un jurado popular. Llegaron en un mismo furgón aunque al parecer estaban incomunicados.

Fue en esa comparecencia ante el magistrado que instruye el caso, José Antonio Vázquez Taín, y al que asistieron también los abogados de los imputados y el fiscal Jorge Fernández de Aránguiz donde este último, tras "hacer un relato de los hechos", los calificó de asesinato. A continuación, fueron trasladados al chalé de Teo, supuesto escenario del crimen, para la realización de un nuevo registro en esta casa.

Imputados ahora por asesinato, el cambio de calificación supone también que Rosario Porto y Alfonso Basterra, que serán enjuiciados por un tribunal popular, se enfrentarían a una mayor condena. Si el delito de homicidio está penado con hasta 15 años de cárcel, el de asesinato, al concurrir la alevosía, una de las tres agravantes que lo definen, estaría castigado con entre 15 y 20 años. Y al mediar también la circunstancia de parentesco, esta pena no podría ser inferior a 17 años y medio, ya que se aplicaría la mitad superior en virtud de lo que establece el artículo 23 del Código Penal.