Los dos expolicías autores del cuádruple crimen de Nigrán, Manuel Lorenzo Vázquez y Jesús Vela Martínez, ya están en libertad tras cumplir 19 años de los 212 de condena en prisión. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra decretó ayer el licenciamiento definitivo de ambos, al dejar sin efecto la conocida como doctrina Parot que el Tribunal Supremo derogó también esta semana, atendiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos del pasado 21 de octubre.

Jesús Vela abandonó en la tarde de ayer el centro penitenciario de Quatre Camins de la Roca del Vallès, en Barcelona, mientras que Manuel Lorenzo, también se habría marchado de la madrileña cárcel de Alcalá Meco, tras notificárseles el auto en que la justicia española secundaba el fallo europeo.

Esta sentencia revocaba la reinterpretación de la aplicación de beneficios penitenciarios que en 2006 realizaba el Supremo con el fin de evitar el adelanto de la salida de prisión de reos como los autores del macabro asesinato que tuvo lugar en 1994 en la parroquia nigranense de Priegue. En base a aquella revisión, las redenciones se contabilizaban sobre la totalidad de las penas, en este caso 212 años para cada uno, y no sobre el máximo de 30 años que los condenados pueden permanecer encarcelados. La doctrina Parot fijaba el cumplimiento de las condenas de los autores del cuádruple asesinato en 2024. Según el cálculo de nuevo en vigor, Jesús Vela tendría que haber dejado la penitenciaría catalana el 20 de enero de 2008 y Manuel Lorenzo, la de Madrid el 1 de junio de 2009.

Los fallos condenatorios de los exagentes llegaron en 1996, dos años después de haber cometido la matanza. Ambos se presentaron la tarde del 31 de enero de 1994 en el chalé de la conocida familia y, al día siguiente, acabaron con la vida del empresario y entonces vicepresidente del R.C. Celta, David Fernández Grande, de 58 años, de su mujer, Pilar Sanromán, de 47, la hija de ambos, Marta, de 23, y la asistenta, Ana Isabel Costas Piñeiro, también de 23 años y vecina del municipio de Gondomar.

Accedieron a la vivienda utilizando su placa policial. Una vez en el interior, intimidaron, maniataron y amordazaron al matrimonio, a sus tres hijos y a la empleada de hogar y los sometieron a vejaciones durante toda la noche para obtener un rescate que, inicialmente, fijaron en 200 millones de pesetas y que acabó reduciéndose a 20. Los autores del crimen se llevaron el dinero tras matar a cuatro personas.