Cuando el subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, desvelaba el lunes en rueda de prensa la detención de tres personas por la muerte violenta del octogenario, la Guardia Civil no había finalizado los registros y las diligencias, ni había informado al juez instructor.
Estos hechos provocaron un enorme enfado ayer entre los magistrados pontevedreses que obligó a la Junta de Jueces a emitir un comunicado suscrito por el juez decano, Miguel Aramburu, y los tres magistrados de instrucción en el que califican de imprudencia tanto el momento en el que se facilitó la información a los medios como el contenido de la misma, desvelando datos que pudieran haber puesto en peligro la investigación y la obtención de indicios relevantes.
Los magistrados muestran su "desagrado" con la forma que fue empleada "para revelar el contenido de unas diligencias judiciales declaradas secretas" y entienden que pueden afectar incluso "a la eficacia de las investigaciones que desarrollamos y vulnerar derechos fundamentales de las personas afectadas, por lo que esperamos que la prudencia determine el comportamiento de todas las administraciones relacionadas con la investigación criminal".
