Al menos unas 2.000 personas de ocho comunidades autónomas han sido estafadas por una red de falsos instaladores de gas que tenía una de sus sedes en Galicia, en Santiago de Compostela, donde se hizo un registro. La Policía Nacional desarticuló la red delictiva con la detención de doce personas que habían creado un entramado de sesenta empresas y que llegaron a acumular una deuda con la Seguridad Social de casi cuatro millones de euros.
La operación se ha desarrollado en Galicia, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Andalucía y Valencia. A los detenidos se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la Seguridad Social. La investigación se inició hace casi dos años. La red empresarial se creó a partir de una asociación sin ánimo de lucro. Puede que existan más estafados ya que muchos no denunciaron.
Los falsos revisores del gas acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables, sobre todo ancianos y discapacitados, pero también extranjeros, y obtenían entre 50 y 390 euros por supuestas revisiones y trabajos innecesarios. En un caso llegaron a obtener hasta 2.500 euros. También asediaban a ancianos a los que estafaban en días consecutivos o acompañaban al cajero automático para que retirar dinero en efectivo.
Los operarios, muchas veces con antecedentes penales, hacían creer a las víctimas que realizaban las revisiones obligatorias y a veces incluso llamaban antes por teléfono haciéndose pasar por inspectores de industria. En ocasiones aprovechaban la entrada en los hogares para hurtar al descuido objetos de valor.
En la zona de la comarca de Carballo se produjo un modus operandi similar el pasado verano: dos jóvenes con un coche rotulado con el nombre de una empresa, y enseñando papeles similares a los de una conocida compañía, acudían a casas aisladas y con residentes mayores, en zonas rurales, ofreciendo una revisión de la instalación de gas y cobrando entre 50 y 60 euros. Los mayores no advirtieron de que ya tenían contratada a una compañía oficial.
