El alcalde del PP de San Cristovo de Cea, José Luis Valladares, ha pasado meses en el foco sin que la justicia observe delito. El regidor queda libre de una imputación por presunto delito de cohecho después de que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de O Carballiño descartara un "enriquecimiento anormal" al investigar su patrimonio.

Así lo plasma en el auto que también exonera al secretario del Ayuntamiento. Ambos fueron señalados por el jefe del grupo empresarial Las 5 Jotas, en el epicentro de la mayor trama de facturas falsas de Galicia. "No se han obtenido indicios racionales de la comisión del hecho delictivo investigado", zanja la juez Ana María Gómez Bande.

El empresario José Manuel Costas, que acumula más de una docena de condenas por fraude fiscal, prometió abrir la caja de pandora ante la juez número 5 de Vigo. Amenazó con sacar a la luz toda una lista de supuestos políticos corruptos de todas las siglas. Fue un farol. En el disparadero situó únicamente a José Luis Valladares. Costas acusó al alcalde de Cea de chantajearlo exigiéndole un soborno de 300.000 euros para instalar en el municipio una factoría de casas prefabricadas de madera que no llegó a cuajar. Además debería abonar 1,4 millones para solucionar los cortes de luz y el suministro de agua.

Tanto el regidor como el funcionario negaron las acusaciones y aportaron la documentación de dos convenios firmados en 2008 y 2009. El político, que fue interrogado el pasado 2 de abril, achacó la causa penal a una "confusión" entre el supuesto chantaje y "el requerimiento de cumplimiento" de los términos del convenio entre el Concello y la empresa.

El auto de archivo avala que no hubo delito. El Concello vendió a la empresa 160.000 metros cuadrados del polígono -todavía un solar- tras suscribir ambas partes dos convenios. "En ejecución de estos convenios se produjeron pagos que reconocieron los dos imputados y la empresa por importe de 300.000 euros, cantidad que consta acreditada documentalmente en autos", señala el auto judicial.