La operadora Orange se ha personado como acusación particular contra la trama de fraude de telefonía internacional destapada en Galicia en 2006, en la que están procesadas 17 personas entre las que figuran cinco agentes de la Guardia Civil adscritos en aquellas fechas a la Aduana del Puerto de Vigo. Si la Fiscalía cifra en 3 millones de euros el presunto fraude fiscal, el abogado de Orange reclama 7,5 millones de euros por los perjuicios causados a la firma en apenas dos años.

En su escrito de acusación, sostiene que las 17 personas contra las que dirige su acusación, en su mayoría unidas por relaciones familiares y de amistad, formaban una "organización criminal" y a partir de 2005 "concertaron" e "idearon" una trama para obtener importantes cantidades económicas valiéndose de una defraudación a Hacienda y una estafa continuada a operadoras de Telecomunicaciones.

La forma de actuar, sostiene el representante de Orange, era clara. Por un lado adquirían miles de packs de telefonía móvil y antes de exportarlos y revenderlos en el extranjero separaban la tarjeta SIM que era vendida o cedida a otros miembros de la trama que, a su vez, a través del sistema Simbox la revendían fraudulentamente.

"Con todo ello obtenían un doble lucro: por una parte la venta en el mercado libre nacional o extranjero de los terminales que Orange facilita gratuitamente o a bajo precio a clientes profesionales o empresas, y por otra, realizaban consumos masivos en las líneas, en las franjas gratuitas, a través del sistema Simbox". La acusación particular expone que este sistema es un dispositivo celular con capacidad para soportar varias SIM ala vez, incluso de diferentes operadores. Son equipos programables en función de la franja horaria y operador de destino y no están destinados a aprovechar las mejores tarifas pero por razones de política comercial las operadoras suelen ofrecer estas franjas de tráfico gratuito y que en su opinión "implica una reventa del tráfico ofrecido por Orange", que tuvo que hacer frente a cargos de otras compañías con "elevadas pérdidas".

Así, Orange reclama 7.580.356 euros que desglosa por partidas. En concepto de comisiones pagadas a los distribuidores por las ventas de los packs y el alta de las líneas 2.245.123 euros y 468.126 euros por la suma de 861 facturas que resultaron impagadas. También cifra en 4.137.429 euros respecto a los costes de interconexión y otros 729.676 en cuanto a los terminales telefónicos.

La acusación particular imputa un delito continuado de estafa a 12 de los procesados, incluidos los supuestos cabecillas de la trama, los lucenses J.M.D.V. y P. C.M., así como a los supuestos gestores que compraron cientos de teléfonos móviles en ofertas de grandes superficies comerciales y un abogado vigués que fue socio de los imputados en una mercantil, por lo que solicita para cada uno de ellos 6 años de prisión y 12 meses multa; mientras que para los cinco agentes de la Guardia Civil de Vigo que supuestamente facilitaban los trámites aduaneros solicita 5 años y medio de prisión por cohecho.

En cuanto a la reclamación de 7,5 millones de euros como responsabilidad civil directa por el perjuicio causado a Orange, reclama que además de las empresas de la trama y el despacho aduanero que tramitaba la exportación de los terminales telefónicos, se incluya también a la Administración del estado en relación a los delitos cometidos por los agentes de la Guardia Civil. Reclama, además, la averiguación patrimonial de todos los acusados para conocer si ellos son titulares de bienes, valores, vehículos, planes de pensiones ingresos y rentas de trabajo.