El representante legal de dos estaciones de servicio, situadas en Vigo, compartirá banquillo con cuatro de sus empleados acusados de estafa y falsedad documental en el suministro de carburantes. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cinco años de prisión y multa de 3.960 euros, además de una indemnización conjunta y solidaria de 57.178 euros para dos empresas de transporte afectadas.
Los hechos tuvieron lugar hace ya seis años, según el escrito de acusación del Ministerio Público. El fiscal sostiene que durante 2007 y 2008 el responsable de las dos gasolineras J.M.M.B., y cuatro empleados "puestos de común acuerdo y con ánimo de ilícito beneficio" elaboraron un considerable número de albaranes falsos correspondientes a suministros de combustible ficticios a vehículos propiedad de las dos empresas de transporte afectadas.
