La defensa de Rosario Porto ha utilizado una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para incluir el documento en la causa, ya cerrada, que admite la aportación de pruebas y nuevas pericias fuera de plazo siempre que puedan ser favorables al acusado y no supongan una pérdida de tiempo o de dinero a la Administración. En este caso el gasto de la nueva autopsia corre a cargo de la mujer acusada del asesinato de su hija.

La celebración del juicio está pendiente de que la Audiencia de A Coruña fije la fecha, algo que no se ha hecho todavía a la espera de las nuevas pruebas médicas solicitadas por el abogado de Rosario Porto y la calificación de idoneidad de los miembros del jurado popular designado para el caso.

A petición del mismo letrado, que recusó al que iba a ser presidente del tribunal del jurado, la Audiencia designó a otra magistrada.