Con 75 años y una enfermedad degenerativa que ha mermado notablemente su visión y por la que le reconocieron una minusvalía, Enrique Fernández Boente, vecino de Mondariz, tiene a sus espaldas una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La razón de esta resolución es que este hombre tiene una condena firme de dos años de prisión por agredir con un cuchillo a un sobrino en 2008 y el tribunal rechazó suspender o sustituir por multa o trabajos sociales su entrada en la cárcel porque no abonó la indemnización de 30.400 euros impuesta en la sentencia. Transcurrido el plazo concedido al septuagenario para que ingresase voluntariamente en A Lama, los magistrados dictaron hace dos semanas la orden de búsqueda para dar cumplimiento a la pena contra el hombre, que en la actualidad vive con una vecina que lo cuida en la parroquia de Gargamala.

Frente a la decisión del tribunal, la Fiscalía, que modificó su postura inicial, pidió la suspensión de su ingreso en prisión en base al informe forense sobre su enfermedad, ya que precisa "la asistencia de terceras personas" para las actividades de la vida cotidiana y a que "carece de antecedentes penales".

Todo se remonta a 2008. La tarde del 24 de junio Enrique discutió con un sobrino, de 40 años, e intentó clavarle en el abdomen un cuchillo de 30 centímetros de hoja. Tratando de esquivar el ataque de su tío, la víctima agarró el arma con una mano, produciéndose un corte. Incapaz de desarmarlo, forcejeó con el septuagenario hasta que el hermano del herido se abalanzó sobre ellos y logró que el acusado tirara el cuchillo al suelo. El sobrino sufrió lesiones que supusieron, entre otras, la amputación incompleta de un pulgar y le dejaron importantes secuelas. Por estos hechos, Enrique Fernández fue condenado en febrero de 2012 a dos años de prisión y a indemnizar al herido con 30.400 euros, pena que adquirió firmeza meses después al ratificarla el Tribunal Supremo.

Ante el impago del dinero, la Audiencia rechaza aplicar beneficios al septuagenario y decretó su ingreso en A Lama, para lo cual, tras no hacerlo voluntariamente el condenado en diciembre, dictó la orden de arresto. La fiscal, sin embargo, había dirigido un escrito en octubre de 2014 a la sala señalando que "procede" concederle la suspensión de la ejecución de la pena por tiempo de tres años.

El informe en el que se apoya Fiscalía es el de la forense del Imelga que vio al acusado. La médico concluye que padece retinitis pigmentaria avanzada bilateral: en el ojo derecho, refiere, "presenta ceguera casi completa" y en el ojo izquierdo "tiene una disminución importante de la visión, siendo capaz de contar dedos cuando se le muestran a poca distancia". Añade que tiene minusvalía del 77% y que precisa ayuda de "terceras" personas para su día a día. La defensa del acusado ha solicitado su indulto.

El familiar al que debe pagar los 30.000 euros asegura que su tío dispone de patrimonio heredado que vender para poder abonar la cantidad de indemnización.