Una familia con dos hijos, un bebé y un adolescente, fue desalojada ayer de su vivienda de alquiler por una deuda de 2.480 euros en Ourense. Una docena de agentes de la Policía Local y de la Nacional supervisaron el primer desalojo "señalado" públicamente por la plataforma Stop Desahucios en Ourense, que se desarrolló con tensión, pero sin incidentes.
Ante el portal de la vivienda, se habían dado cita una decena de miembros de la plataforma tras una pancarta con el lema Polo dereito á vivenda, contra o xenocidio financieiro, ante la llegada de la comisión judicial encargada del desalojo.
Hace una semana se aplazó el desahucio, y para ayer estaba pactado un desalojo pacífico. Los policías subieron y bajaron en varias ocasiones, acompañando el transporte de sofás, percheros, sillas y cestos de ropa, a cargo de amigos y conocidos de María Pilar López, la desahuciada.
El portavoz de la plataforma, Roberto Pereira, explicó que no querían "criticar a la propietaria, que lleva ocho meses sin cobrar el alquiler, sino a las administraciones públicas que firmaron convenios para tener una bolsa de viviendas de alquiler social y en éste y otros muchos casos, pero al final no hacen lo que tienen que hacer".
La afectada relató que ya cuenta con otro piso, más barato, pero sin luz ni agua porque no le dio tiempo todavía de darlos de alta. Está en el mismo barrio y le permitirá mantener a su hijo de 18 años en los estudios de programador informático y a su marido en las "pocas horas semanales de trabajo" que tiene en la ciudad. En la casa vive, además, su hija pequeña, de un año de edad.
La Xunta le ofrecía una vivienda en Castro Caldelas y otra en Carballeda de Valdeorras, explicó la mujer, pero la rechazó por el precario trabajo de su marido y por su hijo que cursar estudios en la ciudad de las Burgas.
Más casos
El portavoz de la plataforma advirtió de otros casos de "incumplimiento" de las administraciones públicas. Relató el caso de un matrimonio de Valdeorras, con el marido trabajando en la pizarra y afectado ahora por un ictus que lo mantiene en silla de ruedas, "aunque cobrando una pensión buena, por suerte, pero insuficiente para los bancos".
Mientras estuvo tramitando la pensión, el matrimonio acumuló deudas sobre su vivienda a las que ahora pueden hacer frente "si las pueden pagar poco a poco, pero no los 20.000 euros que le piden de golpe", aseveró Roberto Pereira. La plataforma negocia con el banco para llegar a un acuerdo y que la pareja no pierda su casa.
Más difícil, lamentó, será solucionar otro caso. Es una mujer que vive en la ciudad de Ourense y acaba de abrir un pequeño negocio. "El día 17 su piso será subastado por la Seguridad Social y ahí, al parecer, no hay negociación posible, pero es inaudito que por una deuda de 23.000 euros, de la que le piden que pague 5.000 de forma inmediata, pueda quedarse sin su casa, y ese es el caso", denunció.
Pereira ha hecho hincapié en el carácter "apartidario" de la plataforma Stop Desahucios para "adelantarse" a posibles "usos partidistas ahora que se acercan las elecciones".
Por otra parte, el grupo municipal del BNG acusaba ayer al gobierno local de "cómplice" en el desahucio por la "participación activa" de agentes de la Policía Local en un desalojo "pacífico y ya pactado antes con la comisión judicial".
El gobierno local, según el escrito, fue "cómplice necesario" en el desahucio de una vecina de la ciudad "cuando el papel que tenía que jugar es el de poner todos los medios para ofrecerle una alternativa y ayuda".
