Los cadáveres del abogado gaditano Gustavo Virués y el inspector de Policía José Antonio Martínez, los dos montañeros españoles accidentados hace varios días en el fondo de un barranco en el Atlas marroquí fueron rescatados y tres agentes de la Guardia Civil lograron su evacuación pese al mal tiempo poco antes de las 9 de la noche de ayer y serán repatriados en las próximas horas. El único superviviente, el agente de la Policía Nacional Juan Bolívar, de 27 años, se recupera en el hospital marroquí de Uarzazate. Sufre de hipotermia y de estrés postraumático tras ver morir a sus dos compañeros.
En España numerosas voces críticas lamentaron la lentitud de las autoridades marroquíes en la gestión de la operación de rescate, así como su tardanza en otorgar los permisos necesarios de entrada en el país al operativo español, que tardó casi 48 horas en obtenerlo.
El director del Consejo Provincial de Turismo de Uarzazate, Zoubir Bouhoute, lamentó la imprudencia de los tres montañeros españoles al "aventurarse en una zona sin un guía profesional y sin material de detección (GPS)".
Bouhoute precisó también que el rescate de Bolívar se produjo gracias a los esfuerzos de los efectivos marroquíes de la Protección Civil y Gendarmería Real. Compañeros y familiares de los accidentados critican la gestión de la crisis. "Gustavo Virues ha muerto en la montaña, pero a José Antonio Martínez lo han matado entre el Gobierno español y el marroquí", manifestó su compañero José Morilla. "José Antonio estaba vivo hasta ayer (por el domingo). Se ha tirado seis días y medio en lo alto de una piedra rodeado de nieve desde que dimos la voz de alerta y no han hecho absolutamente nada por sacarlo", lamenta.
Un grupo formado por 16 espeleólogos, incluido Juan Bolívar -padre del único superviviente- llegó a Marruecos el sábado pero no les dejaron actuar, aunque sí colaboraron con las autoridades marroquíes si bien los medios eran "obsoletos, precarios" , según Morilla.
El presidente de la Federación Española de Espeleología, Juan Carlos López Casas, cree que "no ha habido negligencia ni de España ni del Gobierno marroquí" y precisó que los protocolos y trámites de permisos se ralentizan cuando se trata de cuerpos de seguridad de un Estado.
