Los padres de una niña de 11 años, vecinos de Sevilla, y otro matrimonio y su hijo de 19 años, estos últimos con residencia en un pueblo de la provincia de Valladolid, fueron detenidos ayer por la Guardia Civil después de que los primeros vendieran a su hija a los segundos por 17.000 euros para contraer matrimonio y a partir de entonces fuera sometida, presuntamente, a maltrato y explotación sexual y laboral.

La Guardia Civil da por cerrada la investigación tras un año de pesquisas. Los cinco detenidos pertenecen a dos clanes de origen rumano, de los cuales los padres de la menor permanecen en situación de libertad provisional, mientras que el suegro y marido a la fuerza de la niña ingresaron en prisión. A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos, malos tratos, hurto, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en mayo de 2014 el clan rumano de Sevilla y el ahora detenido en Valladolid acordaron la venta de la niña para que contrajera matrimonio en una fiesta de compromiso en Rumanía con el hijo del clan vallisoletano.

La menor consiguió realizar una llamada de socorro a su madre por los malos tratos recibidos, ante lo cual el clan vallisoletano, consciente ya de que estaba siendo investigado, optó por dejar marchar a la menor en autobús a Sevilla con sus padres biológicos, a los que incluso reclamaron por ello un pago de 10.000 euros, sin que se sepa si se produjo o no dicho abono. Los padres y los suegros de la menor tienen todos alrededor de 40 años. La niña, según su testimonio, recibía insultos, amenazas y agresiones constantes, y se la obligada a mantener relaciones sexuales con su "marido" y a trabajar en labores agrícolas, recogiendo uva y patatas, "con jornadas laborales intensas y sin recibir ninguna remuneración económica", según informó la Guardia Civil.

Asimismo, llegaron a arrancarle de las orejas, de forma muy violenta, los pendientes que llevaba puestos como parte de compensación de la deuda que habían contraído sus progenitores cuando pidieron la vuelta de la menor a Sevilla. "La niña había sido adquirida como si fuera un objeto y estaba a disposición de sus compradores para todo", señalan los agentes del operativo. Los detenidos en la operación Cachiseca tienen entre 19 y 41 años y pertenecen a los dos clanes familiares implicados.

Están acusados de delitos de trata de seres humanos, malos tratos, hurto, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

De los cinco detenidos, se ha decretado ya el ingreso en prisión del hombre que contrajo matrimonio con la niña en Rumanía y su padre.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha declarado en desamparo a la menor que se encuentra en un centro de menores bajo la tutela de la administración autonómica, según la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio. Tras conocer el caso, la Junta lo denunció ante la Policía y en los juzgados, según ha dicho la consejera en una rueda de prensa en la que ha presentado la Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género.

Sánchez Rubio ha subrayado el "preocupante repunte" de las cifras de violencia de género entre las menores de edad, ya que según la Organización Mundial de la Salud un 29,4% de este colectivo ha sido maltratado por su pareja.

La guía ha sido fruto del Programa de Atención Psicológica a Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género en funcionamiento desde 2012 y que, según los datos de la Junta, ha atendido a 202 jóvenes, de las que el 71% habían sufrido tanto violencia psicológica como agresiones físicas.

El manual pretende ser la respuesta a una demanda por parte de las menores, pero también de sus familias, que en muchos casos no saben cómo actuar ante una situación de violencia de género en la relación de pareja de sus hijas, ha precisado.

Se trata de un documento que la consejera ha calificado como "un instrumento educativo y de prevención" para familias tanto de víctimas como de maltratadores y que ofrece recomendaciones para actuar con la víctima y herramientas para detectar los primeros síntomas de la violencia de género.

Sánchez ha reclamado contundencia en el cumplimiento de las condenas impuestas a los maltratadores y ha resaltado la necesidad de una exhaustiva vigilancia por el peligro que supone la reincidencia en la violencia de género.