Un acuerdo con la Fiscalía evitará que la considerada la mayor red de robo de vehículos en la provincia de Pontevedra entre en prisión. Se sospecha que la banda liderada por los hermanos Juan Carlos y Ricardo Gil Garrido, asentados en Vigo desde hace más de 20 años y viejos conocidos de las fuerzas de seguridad, habría robado entre 2005 y 2011 unos 300 vehículos -70 al año- a los que cambiaban las matrículas y que fueron vendidos a piezas, tanto a través de Internet como en el almacén que Ricardo tenía en los bajos de su domicilio en Vigo. Los restos eran vendidos como chatarra o se quemaban en el monte.
En los registros domiciliarios la Policía Nacional recuperó una treintena de motores, otras tantas cajas de cambios, nueve vehículos y numeroso material perfectamente clasificado en contenedores de plástico. El grupo se enfrentaba a un total de 60 años de cárcel, que ayer quedaron en apenas 8 para los cinco que fueron juzgados y confesaron su participación en el robo de vehículos y la venta de piezas.
La condena más alta fue para Ricardo: 2 años y 9 meses de cárcel por un delito de receptación y blanqueo. Como ya cumplió prisión provisional por esta causa previsiblemente no tendrá que volver a ingresar. El tribunal dictó par a su hermano Juan Carlos una orden de búsqueda y captura, a petición de la fiscal, ya que no compareció en la vista aunque su pena iba a quedar en 3 años y 9 meses de prisión.
En el banquillo de los acusados de se sentaron ocho personas, si bien la Fiscalía retiró la acusación contra la entonces novia de Ricardo Gil y contra su madre, ambas acusadas inicialmente de un presunto delito de blanqueo, y para el dueño de un desguace acusado de comprarles piezas. Iván G.G., sobrino de los cabecillas del grupo se conformó con 18 meses de prisión y dos multas, una de 9 meses a 6 euros diarios y otra de 12 meses a 2 euros cada día.
Iván C.E., que realizó algunas de las sustracciones de vehículos y abandonó en el monte uno de los turismos al que prendieron fuego porque presentaba una avería, aceptó 21 meses de prisión, una multa de nueve meses a 2 euros diarios y 60 días de trabajo a la comunidad por conducir con el carné retirado. David F.P. que vendió como chatarra restos de algunos vehículos se conformó con un año y 9 meses de cárcel por un delito de recepción; mientras que Jonás G.B., empleado de un desguace aceptó 9 meses de cárcel.
