Al menos 33 niñas fallecieron a causa de un incendio registrado en un centro de menores de Guatemala cuando protestaban por los abusos sexuales y físicos que sufrían, una cifra de muertas que ayer se incrementó en once aunque podría ser más elevada ya que 21 permanecen hospitalizadas la mayoría en estado grave, según fuentes hospitalarias.

Once de las víctimas perdieron la vida en las últimas horas y las que siguen internadas presentan quemaduras de hasta cuarto grado, por lo que la mayoría de ellas, de entre 12 y 17 años, está en estado grave y el riesgo de mortalidad es alta, dijo el director del Hospital Roosevelt de la capital guatemalteca, Carlos Soto.

Soto explicó en rueda de prensa que las quemaduras que presentan las heridas, tanto en el cuerpo como en las vías respiratorias, las sitúan en una gravedad "extrema", que va aumentando conformen pasan las horas, y precisó que "la mortalidad es de un 80%". Tanto Soto como el director del Hospital San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, reconocieron que la situación de las menores, algunas aún sin identificar, es grave y la posibilidad de muerte es "alta", sobre todo porque algunas tienen problemas para respirar.

El portavoz del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala, Roberto Garza, dijo que las autopsias practicadas hasta ahora revelan que las chicas murieron por "asfixia por intoxicación de monóxido de carbono".

Según las primeras pesquisas, el fuego fue originado por las mismas jóvenes en unos colchones del Hogar Virgen de la Asunción, en el municipio capitalino de San José Pinula. Las menores heridas y fallecidas intentaban protestar por los supuestos abusos sexuales y físicos que sufrían en el centro, concretamente el pasado miércoles, cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer.

Un joven del centro, Daniel, contó que las chicas estaban encerradas bajo llave en un aula y que las autoridades habían tardado mucho en reaccionar. La casa hogar ha estado envuelta en polémica desde el año pasado. Al menos 47 jóvenes se fugaron entonces, lo que llevó a la Secretaría de la Presidencia a destituir en su momento al director.

También ahora el Gobierno destituyó al director, decretó tres días de luto y reconoció que la tragedia se pudo haber evitado, pero responsabilizó de ello a las autoridades judiciales por no autorizar el traslado de los menores problemáticos.