Las defensas de los 13 acusados que ayer se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra, como supuestos integrantes de la banda de narcotraficantes de O Mulo, trataron de anular el procedimiento basándose en la "nulidad" de las pruebas obtenidas a través de grabaciones telefónicas. En este proceso contra la organización que lidera Rafael Bugallo Piñeiro -O Mulo o Felo- están citados 14 acusados, pero uno de ellos está declarado en rebeldía. Su familia aseguró a los agentes judiciales que lo reclamaron que se encuentra en América. Se les acusa de tratar de introducir en Galicia hasta 3.500 kilos de cocaína, por lo que el Ministerio público pide penas que suman en total 214 años de cárcel. Fija la responsabilidad civil en 22,9 millones de euros.

En la primera sesión del juicio celebrada ayer y que se prevé que se prolongue al menos un mes, se expusieron las cuestiones previas por parte de las 13 defensas presentes en la sala y la del fiscal. Las primeras para tratar de anular todo el procedimiento, que uno de los abogados llegó a calificar de "chapuza" y, por parte del ministerio público, para justificar con sentencias previas y autos del Supremo la validez de las escuchas telefónicas realizadas en el procedimiento de investigación.

Los letrados alegaron, en algunos casos, "nulidad absoluta y flagrante" de la instrucción de proceso o, en otros, la "máxima y absoluta inocencia de mi defendido" en el caso de los acusados a los que se juzga en calidad de colaborador en diferentes grados.

Además del calificativo de "chapuza" que un abogado atribuyó a la instrucción, otros defensores se limitaron a argumentar que las llamadas o los mensajes telefónicos interceptados a sus defendidos no les vincula de ningún modo con la organización, o argumentaron la "falta de motivación" de la acusación.

El abogado de José Antonio B.P. argumentó que la única acusación contra su defendido es que "participó en las labores de preparación de la lancha", algo que a entender del letrado no le vinculan a una organización criminal. Alegaron además que "no existió control judicial alguno" en las escuchas realizadas a algunos de los acusados, o que "el control de las escuchas fue cero", como resumió un letrado. También apelaron a la falta de sellos de registro en algunos de los procedimientos, para tratar de anularlos.

El fiscal, por su parte, presentó sentencias previas y autos del Supremo que validan las escuchas y el procedimiento y recordó que algunos de los encausados llegan a este procedimiento como consecuencia otros previos, por diferentes causas que desenvocaron en esta, cuyas pruebas y escuchas ya fueron validadas por los tribunales.