Una laboriosa investigación y las dificultades para transcribir las conversaciones telefónicas de más de dos meses entre los imputados se convirtió en la mejor defensa para los miembros de una banda de traficantes pontevedreses. Los ocho acusados de trasladar 500 kilos de hachís desde el sur de España hasta Galicia vieron rebajada sustancialmente su pena al prolongarse en exceso la instrucción del caso. Así lo entendió el fiscal, quien ya en su escrito de acusación solicitaba para los acusados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas tras haberse alargado las investigaciones más de 13 años, ya que el operativo policial contra este grupo de traficantes se perpetró en 2004.

De este modo, de los cinco años que pedía inicialmente el fiscal para el cabecilla del grupo y los tres y medio demandados para el resto del grupo, la pena se ha rebajado hasta los dos años y tres meses para el líder de la banda y un año y medio para el resto de procesados. Esto implicó que las defensas de estos siete acusados solicitasen la suspensión de la pena privativa de libertad -petición a la que no se opuso la Fiscalía- sujeta a la condición de no volver a delinquir en el plazo de dos años y al cumplimiento, en el caso de uno de estos imputados, de siete meses de trabajos en beneficio de la comunidad. Solo el cabecilla de la banda deberá cumplir su pena de dos años y tres meses de cárcel. Por su parte, los ocho condenados, que reconocieron los hechos y aceptaron las penas en una vista que se resolvió por conformidad, deberán hacer frente a multas que superan el millón de euros.

Esta dilatación de la instrucción se debió, entre otros motivos, a las dificultades para transcribir las conversaciones telefónicas a los acusados. El procedimiento tuvo que "paralizarse" en varias ocasiones para la obtención de permisos o la designación de "un funcionario de comisaría encargado del manejo de los medios adecuados para poder escuchar las bobinas conteniendo grabaciones de conversaciones telefónicas", así como la certificación por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la "bondad" de las mismas.