La operación Lignito de la Guardia Civil se desplegó en octubre de 2016. Tras meses de pinchazos telefónicos y seguimientos, llegaba el momento clave: el de las detenciones y registros en busca de las sustancias y pruebas que permitiesen apuntalar unas pesquisas que se arrastraban desde ese verano. Se estaba tras la pista de un grupo asentado en el sur de la provincia de Pontevedra, presuntamente dedicado a la distribución de cocaína y heroína. Y en un registro, en la casa en Santa María de Oia de uno de los presuntos narcos, se vivió un peligroso episodio. El sospechoso aún no estaba detenido. La inspección se desarrollaba en el dormitorio principal y, en un momento dado, el hombre hizo "un rápido movimiento" y cogió una escopeta de dos cañones de un armario. Un arma que supuestamente utilizó para encañonar "directamente" a la comisión judicial, uno de cuyos miembros era la secretaria judicial de un juzgado de Instrucción de O Porriño. "E agora que?, quen manda agora?", habría espetado arma en mano, al tiempo que profería expresiones como "saíde para fóra", "pónteme á vista" o "querédesme joder". "Vouvos coser a tiros", amenazó. Los agentes fueron a por él para retirarle la escopeta y reducirlo. Lo lograron tras un forcejeo en el que él se resistió a puñetazos y patadas.

Esta escena se describe en el auto que acaba de dictar la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, donde da por concluida la investigación judicial y transforma las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado. De las 11 personas que constaban como investigadas desde el inicio, imputa a siete. Uno de ellos es J.M.F.M., el hombre que presuntamente encañonó a la comisión judicial en Oia. La juez le atribuye la presunta autoría de un delito de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, otro de tenencia ilícita de armas y el de atentado a la autoridad, por el grave incidente en el registro.

Junto a él, la causa se sigue contra cinco personas más a las que imputa tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal, y en varios casos tenencia de armas. Hay un séptimo investigado solo por tráfico de drogas. Con respecto a otras cuatro personas, se acordó el archivo.

La juez concluye, que tras el operativo policial y la instrucción judicial practicada, existen "indicios sólidos y contundentes de la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y heroína en el que cada uno de los miembros desempeñaría un papel".