05 de enero de 2019
05.01.2019

A juicio un macrofraude en el kilometraje de coches con 20 talleres gallegos implicados

La causa se dirige contra 42 acusados, pero muchos evitarán la vista ya que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía - Hubo 300 afectados y la estafa suma 830.000 euros

05.01.2019 | 00:45

Manuel -nombre ficticio- adquirió un Renault Laguna GT convencido de que el coche tenía 95.000 kilómetros. Fue la garantía que le dieron en el taller de Arteixo (A Coruña) donde lo compró. Pero la realidad era otra. El vehículo ya había rodado más de 176.000 kilómetros. Fue engañado. Y como él, otros 300 conductores. Todos fueron víctimas de una macroestafa que más de una década después llegará por fin a juicio la próxima semana en la sección desplazada en Santiago de la Audiencia Provincial de A Coruña. La vista sufrió varias suspensiones en 2018 por la huelga de funcionarios judiciales. Lo que se juzgará será la operación Trucarro, una investigación que destapó un fraude de enormes dimensiones en la venta de vehículos usados con el cuentakilómetros alterado. A la cabeza de la trama está un empresario que se valía de cuatro empleados para realizar la alteración del kilometraje y que ofreció este servicio a talleres y concesionarios de toda Galicia. El fiscal dirige su acusación contra 42 personas: el cabecilla, sus trabajadores y responsables de esos talleres, varios ubicados en la provincia pontevedresa, como en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Meis o A Estrada.

Muchos de los acusados ya no tendrán que sentarse en el banquillo debido a que alcanzaron un acuerdo de conformidad y abonaron la correspondiente indemnización a los conductores perjudicados. La Fiscalía acusa de delitos de estafa, en varios casos continuada y/o agravada, y en su escrito provisional establece que el perjuicio causado a esas algo más de 300 personas que adquirieron los vehículos trucados en casi 830.000 euros. Junto al establecimiento del principal encausado, hay una veintena de talleres implicados, sobre todo de la provincia de A Coruña, pero también de la de Pontevedra y Lugo. Se cita asimismo otro negocio de fuera de Galicia, con establecimientos en Astorga y La Bañeza (León). Al menos 13 de estos 20 concesionarios fueron los que ya sellaron el pacto que les evitará el juicio.

La estafa se remonta a 2006, 2007 y 2008. El cabecilla de la trama, J.G., tenía dos empresas y usaba para la mecánica ilícita que se le atribuye una nave ubicada en el polígono industrial de Milladoiro (Ames), así como otra instalación. Cuatro empleados también encausados colaboraban con él. Según relata el Ministerio fiscal en su escrito, este hombre "prestó repetidamente a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos". De hecho, fue esta cuestión concreta lo que le hizo "popular y demandado" en el sector.

"Era consciente de que a través de la alteración indicada, coadyuvaba a que los responsables de los establecimientos de reventa de vehículos consiguieran la venta de los mismos sobre la base de una apariencia de kilómetros recorridos que no se correspondían con la realidad" , se prosigue en la citada calificación. Sus empleados, se describe, actuaban como "subalternos" suyos. Técnicamente, para la manipulación, se valían de máquinas. Y hacían el trucaje tanto en Milladoiro como trasladándose a los talleres "que recababan sus servicios".

Cárcel y multa

La estafa se mantuvo en el tiempo hasta que se topó de bruces con una operación desarrollada por la Guardia Civil de A Coruña. La investigación arrancó en 2008. En septiembre de aquel año se realizó la entrada y registro en los negocios del cabecilla del entramado. La documentación hallada delató a los talleres a los que habían efectuado estas manipulaciones. Y en los años siguientes, hasta 2010, se hicieron registros en esos concesionarios. La complejidad del procedimiento dilató la instrucción judicial.

El principal acusado afronta penas que suman casi 40 años de prisión. En cuanto a los responsables de los talleres que no llegaron a acuerdo, la petición máxima es de dos años y medio de cárcel, además de multa.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook