La Fiscalía pide 18 años para la joven que mató y descuartizó a un hombre que conoció por internet

Confesó a la jueza que lo durmió con pastillas, lo asfixió con una almohada, fragmentó y quemó su cadáver y enterró un pie

La fiscal ve una atenuante en su "limitación moderada de la voluntad" por su estado mental

La encausada (bajo la chaqueta), durante el registro en el entorno de su domicilio, en diciembre de 2021.

La encausada (bajo la chaqueta), durante el registro en el entorno de su domicilio, en diciembre de 2021. / LOC

Javier Fraiz

Uno de los sucesos más macabros que se han registrado en los últimos tiempos en la provincia de Ourense está más cerca del juicio con jurado. La Fiscalía ya ha presentado su escrito de calificación provisional, en el que figura la petición de condena para Cristina R. V., una joven de 28 años que, en agosto de 2021, asesinó, descuartizó y quemó los restos de un hombre de Cataluña al que había conocido apenas dos semanas antes por internet, y al que invitó a desplazarse a su casa en la aldea de Rabiño (Cortegada). Así se lo confesó a la jueza el día en el que las autoridades acudían al registro de su domicilio.

El ministerio público solicita 18 años de cárcel. Concede una atenuante de alteración psíquica, debido al estado mental de la autora, que permanece en prisión provisional desde diciembre de 2021 (la medida fue prorrogada el pasado mes de noviembre).

"Comprende perfectamente la ilicitud de los hechos de los que se le acusa"

Cristina R. V. sufre un trastorno de ansiedad generalizada así como un trastorno obsesivo compulsivo. La Fiscalía admite una “limitación moderada de la voluntad” de la asesina confesa, “en relación con la muerte de la que se le acusa, no así con la posterior manipulación y desaparición del cadáver”. Además, el ministerio público considera que “no existe alteración de la inteligencia y comprende perfectamente la ilicitud de los hechos de los que se le acusa”.

En una consulta, en diciembre de 2021, la joven contó a su médico –y después al psiquiatra– que había calcinado y enterrado el cuerpo de un varón al que había conocido por internet. En ese momento no hablaba de la autoría de la muerte. Fue detenida y, nada más llegar a Rabiño para el registro, pidió hablar con la jueza y le confesó el crimen.

La acusada, que carece de antecedentes penales, conoció a la víctima, un hombre residente en Castelldefels (Barcelona), a través de una red social de contactos. Tras intercambiarse los teléfonos móviles, comenzaron a hablar por mensajes de WhatsApp el día 9 de agosto de 2021. La relación fluía y la joven invitó al hombre a pasar unos días en su casa de Cortegada. El 20 de agosto, la víctima cogió un vuelo de Barcelona a Vigo. Cristina R. V. fue a recogerlo al aeropuerto de Peinador y ambos se trasladaron al domicilio de la joven en Rabiño.

Discusiones tras 3 días de convivencia

El idilio no parecía ir bien. En solo tres días de convivencia hubo varias discusiones. En una hora que no se ha precisado, pero situada entre los días 23 y 24 de agosto de 2021, la encausada suministró presuntamente a su amante una cantidad no determinada de un hipnótico y un antidepresivo. Los medicamentos adormecieron al varón, hasta el punto de dejarlo inconsciente.

Aprovechando la intimidad del domicilio y el estado de somnolencia e inconsciencia” de la víctima, “y movida por el ánimo de terminar con la vida de éste” –expresa la fiscal del caso en su escrito–, la joven utilizó un almohadón y presionó fuertemente contra la cara del hombre, que falleció asfixiado.

Hogueras y gasolina

Con posterioridad, según ella misma confesó a la jueza, trasladó el cadáver del varón al jardín de su casa, donde realizó varias hogueras. En una de ellas arrojó el cuerpo. Utilizó gasolina, y fragmentando también el cadáver –supuestamente, con una pala–, lo redujo “prácticamente a cenizas”, con excepción de los restos óseos que quedaron tras el fuego, y el pie izquierdo.

Una vecina llegó a llamarle la atención por el humo de la fogata, sin poder imaginarse en aquel momento qué podía estar quemando. La acusada enterró la extremidad en uno de los laterales de la casa. El forense confirmó que tanto el pie como los restos óseos localizados pertenecían al hombre catalán.

En un monte próximo se encontraron algunos de los restos y se inspeccionó el embalse del Miño en busca del móvil de la víctima. En una finca colindante a la casa se recuperó una videoconsola PlayStation propiedad del varón. Hace varios meses, se produjo el hallazgo de nuevos restos de la víctima. Se investigó si alguien pudo ayudar a la acusada a deshacerse del cadáver, pero no hubo resultados.

La víctima tenía a su madre y a una hija como familiares. Convivía de forma habitual en el mismo domicilio. En el procedimiento no se ha personado ninguna acusación particular. La Fiscalía solicita que la encausada sea condenada a indemnizar a la hija del asesinado con 70.000 euros, y con 65.000 euros a la madre.

La fase previa al juicio con jurado está casi finalizada. Quedaría por celebrarse una audiencia preliminar, un acto en el que la encausada aún tendrá la oportunidad de volver a declarar si así lo estima conveniente. Con antelación a este trámite, el abogado de la defensa presentará su escrito de calificación de los hechos.

En noviembre de 2023, la magistrada de instrucción de Ribadavia prorrogó la prisión provisional. La defensa había solicitado, de nuevo, el ingreso de la mujer en un psiquiátrico. Lo ha hecho en varias ocasiones durante la instrucción, pero tanto el juzgado como la Audiencia Provincial descartaron la excarcelación y su envío a una residencia. En su escrito de calificación provisional, de fecha 30 de enero, la fiscal interesa que se mantenga la medida cautelar.

Cristina R. V. permanece en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra). Su situación es menos preocupante que en las semanas y meses posteriores a su ingreso en la cárcel, en un primer momento en el centro de Pereiro. En aquella etapa inicial de su reclusión, intentó autolesionarse.

Una de las cuestiones determinantes a la hora del veredicto tiene que ver con el estado mental de la investigada. En el procedimiento constan informes del Instituto de Medicina Legal (Imelga) y de la psiquiatra consultora del centro penitenciario.