La Fiscalía de Barcelona se querelló ayer contra la cantante Shakira ante los juzgados de instrucción de Esplugues de Llobregat -Barcelona- por seis presuntos delitos contra la Hacienda pública ante un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio entre 2012 y 2014 produciendo un perjuicio económico a la Hacienda pública. La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente fiscal. Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios.

La fiscal argumenta que el plan de Shakira para conseguir no pagar impuestos "consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma", quien aparecía en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales. A dichas sociedades fue donde de "forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que dispuso en provecho y beneficio propio", argumenta la fiscal. Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.

Shakira confirmó ayer a través de un comunicado que "ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no le debe nada al Estado español". Su oficina de comunicación ha informado que la cantante ya ha pagado los 14,5 millones y "que no tiene sentido" que el ministerio público le pida una fianza de 19,5 millones. Su equipo critica que Shakira no haya recibido la querella formalmente y que se haya enterado a través de la prensa. El escrito argumenta que el criterio de ausencias esporádicas que alega Fiscalía solo se aplica cuando hay presencia previa pero que en el período de discusión la cantante era una ciudadana extranjera y hasta 2015 nunca fue residente fiscal en España y añade que la estructura societaria que se discute se formó en 2007 "años antes de conocer a su pareja cuando Shakira no vivía en España".