Contra todo pronóstico, el Ministerio de Sanidad y las comunidades han dado este viernes luz verde, al unísono, al plan antitabaco que prevé nuevos espacios sin humo, equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y aumentar los impuestos. Al inicio de la reunión las discrepancias entre el equipo de Mónica García y las comunidades del PP, que tras las elecciones gobierna en 11 de las 17 administraciones territoriales, parecían irreconciliables pero en un Consejo Interterritorial que ha sido largo y “tenso”, según algunas voces, finalmente el consenso se ha abierto paso.
El plan, no obstante, es una mera declaración de “intenciones”, según ha reconocido García, dado que las medidas que contiene se tienen que desarrollar con posterioridad a través de reales decretos o cambios de leyes que nunca son rápidos, pueden llevar meses o incluso años.
Pero su aprobación en el Consejo Interterritorial ha estado rodeada de las palabras grandilocuentes que se pronuncian los días “históricos” porque la estrategia se esbozó hace años, se trabajó con las comunidades y las principales sociedades científicas pero el Gobierno anterior la guardó en un cajón -sin explicar el por qué- y ha sido García la que se ha encargado de “desempolvarla” e impulsarla de nuevo.
