Quizás resulte un tanto chocante pero, atendiendo a ciertos acontecimientos, parece que el trato verbal o de palabra hecho entre dos personas en una feria de ganado en torno a la venta de una vaca o un caballo, ofrece más fiabilidad y seguridad que un contrato escrito de alquiler de vivienda realizado entre algunas administraciones públicas y el ciudadano. O, al menos, esa es la impresión resultante al observar cómo familias con bebés, ancianos y miembros enfermos o delicados de salud son desahuciados (incluso de madrugada y con temperaturas bajo cero) debido a la imposibilidad de hacer frente a la fuerte subida aplicada a la cuota de alquiler establecida por entidades privadas tras hacerse con la propiedad de pisos de titularidad pública que, en su día, fueron construidos para facilitar el acceso a la vivienda de ciudadanos en situación de dificultad o vulnerabilidad económica. Además de dar la vuelta a un calcetín social que, en principio, parecía irreversible, es una forma más de socavar la credibilidad de la ciudadanía hacia la actividad política, una manera de acrecentar la desconfianza entre representados y representantes elegidos en las urnas. Factores que contribuyen a explicar y entender el actual seísmo político.

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