Desde Coruña Sin Techo, lamentamos que las medidas que se toman en lo referente a la gente sin techo sean siempre de tipo policial o caritativo. El palo y la zanahoria. Por ello reclamamos el fin de la represión institucional junto con una mejora de las condiciones de vida y una función integracional de los Servicios Sociales. Así como medios de prevención para evitar que la gente pueda caer en la calle. La lucha por un alojamiento digno para los sin techo ha vivido en los últimos años algunas victorias exiguas que no dejan de ser meros parches a la falta de un programa que permita facilitar casa permanente. Mientras este país se desayuna con noticias como los cinco miembros de una familia viviendo en 15 metros cuadrados, son 3,5 millones de casas vacías en España, y más tres millones de personas con una vivienda indigna. Más de 30.000 en la calle.
Por otra parte, la pasada tregua invernal se ha convertido en un obstáculo que no ha conseguido detener la sangría de muertes en la calle a causa del frío. Alberto duerme en la entrada de una tienda de regalos de la calle Riego de Agua. Desde hace días comparte el espacio con una mujer. Cuando se levantó la mujer estaba inmóvil: había fallecido. Estamos en un país donde cada cinco días muere un sin techo (473 casos desde el 2.006). Sobre esta llamada de atención no es ético que el número de personas sin techo siga aumentando ante un fenómeno como son los desahucios.
Mientras hombres, mujeres, inmigrantes y ancianos, hasta ahora los pilares del sistema con sus impuestos, son despojados de sus casas, se convierte a quienes la ejercen en partícipes del miedo como norma de convivencia. Hoy pagamos por sostener un aparato policial que cumple funciones de garante en los desahucios más que de orden público. Hemos puesto en sus manos la libertad de utilizar cualquier actuación para realizar este cometido; tanto que los únicos delincuentes ahora son las personas que no pueden pagar una hipoteca o un alquiler, por más que se denuncien sus abusos. Quizá porque todo hay que verlo con cierta perspectiva, estamos ante unas prácticas que simbolizan la criminalización del ciudadano más pobre y en ocasiones la propia sociedad a la que esos agentes se deben. Estamos quizá ante un aparato policial que alejándose de su propio cometido empieza a volver sus acciones contra los ciudadanos.
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