Un estudio dirigido por el catedrático de Economía de la Universidade da Coruña, Antonio Grandío, y elaborado por hasta un centenar de alumnos y expertos, alerta de que si no media una fusión, Caixa Galicia y Caixanova dejarán de ser entidades gallegas en menos de cinco años y Galicia perderá miles de empleos además de la principal pata sobre la que apoyar su desarrollo socioeconómico durante los próximos años.
Grandío, que asume toda la responsabilidad del documento que presentó ayer -aunque asegura que ha contado con la colaboración de alumnos, ex alumnos y de un centenar de expertos gallegos y españoles- cree que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debe hacer valer su peso político para tutelar el proceso e impedir que los centros de decisión de las entidades salgan de Galicia. Y añade que antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de las cajas, Feijóo debe exigir a sus principales dirigentes -el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez-, a sus comités de dirección y a sus consejos de administración que firmen un testamento vital con el que la Xunta podría exigirles responsabilidades en el futuro por las decisiones que adopten sobre las cajas que hoy gestionan. Para el coordinador del análisis, si los responsables de las entidades no están dispuestos, el presidente de la Xunta puede hacer valer su poder y pedir al Banco de España que intervenga.
El análisis reconoce el peso y la importancia de la Xunta en la negociación de una fusión y llama a superar los localismos en beneficio de Galicia y los personalismos en favor de la salud de las dos cajas. Para Grandío, el presidente de la Xunta tiene que asumir el liderazgo, aunque recuerda que tiene 3 o 4 meses para tomar "la mejor decisión".
El catedrático, muy crítico con la "excesiva" exposición de las cajas a los riesgos del mercado inmobiliario, se muestra además "preocupado" por la actitud de la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quien, dice, "debe saber mucho porque no pide asesoramiento a nadie".
Grandío, que asegura contar con un equipo capaz de judicializar el proceso "si se toman medidas que allanen los derechos del pueblo gallego" y de iniciar "un proceso de desgaste político" contra el Partido Popular si promueve una operación contraria a los intereses de Galicia, expone que tras el actual baile de las cajas de ahorro y dentro de dos o tres años se producirá un "segundo movimiento reestructurador", de fusiones interregionales, al que Caixa Galicia y Caixanova deben llegar juntas y saneadas o lo harán absorbidas por otra entidad mayor, con lo que perderían su identidad gallega en cinco años.
El economista propone la creación de una comisión de expertos que tutele la reestructuración y venta de sucursales y de un fondo dotado con un mínimo de 300 millones de euros supervisado por los sindicatos para garantizar la seguridad laboral de sus empleados. En este panorama, las entidades dejarían sus participaciones empresariales en manos de una sociedad que las gestionaría y se desprendería de las que no son útiles para la comunidad gallega.
La obra social en el panorama de la caja única debería estar adecuadamente dimensionada y dedicarse prioritariamente a asistencia social, educación e innovación. Antonio Grandío considera que las llamadas fusiones virtuales reguladas en el Sistema Integral de Protección (SIP) que Caixanova ha reconocido negociar con entidades no gallegas es un arma de doble filo que puede mejorar la posición de la caja de forma inmediata, pero no a medio ni a largo plazo y advierte de que en realidad se trata de un mecanismo que tiende a convertirse con el tiempo en una fusión total y en el que las entidades se enfrentan al riesgo de que sus compañeras de viaje ganen peso y acaben por absorberlas.
