El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, suspendió de forma cautelar tres acuerdos dictados por los exdirectores generales de la CAM, María Dolores Amorós, y Roberto López Abad, y el expresidente, Modesto Crespo, a través de lo cuales los exejecutivos de la entidad modificaron en su favor las condiciones de la prestación adicional para percibir jubilaciones e indemnizaciones millonarias. El magistrado decretó en un auto hecho público ayer, la suspensión cautelar de los acuerdos de fecha 22 y 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2010 que dieron lugar a la ampliación de la cobertura de la Prestación Adicional Asegurada, cuya fecha de firma fue "antedatada", provocando por ello un perjuicio económico a la entidad. Según las conclusiones de los peritos de la auditora PricewaterHouse los tres imputados firmaron en 2011 estos documentos pero les pusieron fecha de 2010 con la intención de modificar a su favor la indemnización prevista en su jubilación. Los acuerdos no contaban además con la aprobación del Consejo de Administración, que ya había establecido que el cálculo de esa prestación se haría en base a los tres años anteriores al de la jubilación. El objetivo de Amorós, López Abad y Crespo era "evitar que esas prestaciones se determinaran en base a unas futuras retribuciones que iban a disminuir a la vista de la situación real de la entidad", al borde de la quiebra.

Los acuerdos beneficiaron económicamente a los cinco imputados en la causa investigada por la Audiencia Nacional: los tres exdirectivos citados, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. Los cinco altos ejecutivos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida.