El 9 de junio de 2010 -en medio de las conversaciones para la fusión de las cajas- el secretario general técnico del Ministerio de Economía, por orden de la ministra Elena Salgado, dictó una durísima resolución contra Tasagalicia, la firma de tasación de Caixa Galicia, por la que pasaba la totalidad del ladrillo vinculado a la entidad y algunos informes para Caja Madrid. El dictamen le impuso cuatro infracciones graves y muy graves por, entre otras razones, "la falta de veracidad" en la valoración de los activos y el descontrol interno de la sociedad. Tasagalicia recurrió hasta la Audiencia Nacional, que, en una sentencia de hace unos meses confirma la enorme batería de irregularidades relacionadas con el área inmobiliaria de la caja que dirigía José Luis Méndez.

El expediente incoado a la filial tasadora de Caixa Galicia incluye 33 folios que detallan la larga lista de "deficiencias" en la aplicación de los métodos legales para fijar los precios de los activos. Entre otros, se citan tasaciones "en las que se valoran terrenos en atención a unos aprovechamientos urbanísticos inexistentes al tiempo de la valoración". Es decir, parcelas no urbanizadas que se valoraban como si lo fueran. También alude a evaluaciones "en las que se informa como valor de tasación de inmueble en proyecto y/o construcción el calculado bajo hipótesis de edificio terminado". Hasta 20 edificios estaban recogidos así, por importe de 1.651 millones de euros, pese a que el real era 738 millones.

La documentación alude a una concesión administrativa de uso deportivo y ocio que estaba construido en un 17%, pero con un valor como si estuviera al 100%, de 19,5 millones. Algo similar a lo ocurrido con un terreno destinado a albergar un hotel, sin ni siquiera los trabajos iniciales en marcha, y que se evalúa en 20 millones, lo que representa, según los técnicos de Hacienda, una "sobrevaloración del 40%". En otra finca, de suelo no urbanizable, la valoración asciende a 61,2 millones, cuando "dos días antes", estaba en 8,6 millones, un 600% menos. El análisis se realizó sobre una muestra de 141 tasaciones de Caixa Galicia entre 2005 y 2009. El perito de la caja intentó alegar que únicamente el 4% de ellas "presentan irregularidades". La Inspección del Banco de España sostuvo que las había "en prácticamente todas".

Además de los problemas con las tasaciones, las otras tres sanciones -con una multa de 198.000 euros- hacen referencia a las "deficiencias" en la plantilla de Tasagalicia, la falta de profesionales y control interno.

Desde 2005, las autoridades advirtieron a Caixa Galicia que atendiera a la obligación de guardar durante cinco años toda la documentación de las tasaciones. En un inventario de 84.198 tasaciones, aparecieron 35.136 "registros vacíos". El fallo advierte de que Tasagalicia no contaba con filtros para asegurar que, como marca la ley, los tasadores no tengan relación con los dueños de los activos que tasan, por lo que fue requerida por el Banco de España desde 2005, al que además no suministró toda la información.