Todos los hacendistas coinciden en afirmar que la singularidad fiscal vasca está en el origen de la inestabilidad del sistema común y, singularmente, de las permanentes quejas de Cataluña. Es un problema por resolver que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere cortar de raíz con la eliminación del sistema de financiación de los territorios forales: el convenio de Navarra y los conciertos de las provincias vascas. Rivera pretende dinamitar un sistema que ni el franquismo llegó a borrar del todo -mantuvo los derechos históricos de Álava y Navarra, no los de Vizcaya y Guipúzcoa- y generaría tensiones nacionalistas.

Los modelos común y foral de financiación autonómica difieren desde la base. El que comparten quince autonomías supone que el 70% de lo recaudado por el Estado se aporta a un fondo común que luego se redistribuye en función de las necesidades, de modo que está en su esencia la transferencia de recursos de los territorios ricos a los pobres. En el modelo foral vasco y navarro son sus instituciones las que recaudan y se quedan con el dinero salvo una cantidad (el denominado cupo) que pagan al Estado español como compensación por lo que éste gasta en esas comunidades en competencias no transferidas.

La aplicación del mecanismo es muy favorable para los territorios forales, que disponen de una capacidad de gasto superior en un 60% a la media del resto de comunidades con una menor presión fiscal. Y ello se debe a un cálculo muy ventajoso del cupo, que apenas se ha revisado por los diferentes gobiernos centrales para evitar la escalada nacionalista y ganar apoyos políticos. Además, el cupo no considera como competencias no transferidas las relativas a garantizar la igualdad básica de servicios en todo el territorio español. Lo que de menos se paga por esa vía es un excedente a disposición de las provincias vascas y Navarra que algunos expertos estiman en un 4% del PIB de Euskadi.

Los hacendistas creen que el cupo está infravalorado y lo lógico sería que su revisión fuera un objetivo de los partidos nacionales para garantizar la cohesión territorial, sin necesidad de llegar al extremo que plantea Ciudadanos. Al caso vasco aún resultan aplicables las palabras del filósofo José Ortega y Gasset en el debate sobre el Estatuto de Cataluña en las Cortes Constituyentes de la II República: "el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar".