La compañía textil Viriato, con sede en Ordes, cerró el jueves un acuerdo para despedir al 25% de su plantilla de la factoría ordense antes del fin del periodo de consultas del expediente de regulación de empleo planteado en la empresa. El pacto fue alcanzado por la mayoría del comité de empresa, de Comisiones Obreras, y duramente criticado por la CIG (en minoría), que considera que la empresa es viable y rentable sin necesidad de ejecutar despidos forzosos y que acusó a CCOO de haber cerrado este pacto el 30 de abril.
La empresa planteó este recorte tras reconocer una importante caída de las ventas que le obliga a realizar una reestructuración de su negocio para adaptarse a su facturación. El anuncio se produjo después de varios meses de retrasos en el pago de las nóminas, pagas extras sin abonar y otros conflictos que llevaron a algunos trabajadores a denunciar a la empresa ante los tribunales.
La propuesta final de la empresa, según la CIG, consiste en el despido de 40 trabajadores con indemnizaciones variables. Las siete personas afectadas que tienen menos de 55 años tendrán una compensación equivalente al salario de 20 días por año trabajado (con un máximo de 12 mensualidades) y un complemento de 1.000 euros.
A los trabajadores de entre 55 y 58 años se le garantizará un complemento a las prestaciones por desempleo hasta los 800 euros al mes y hasta que alcancen los 62 años. La firma además mantendrá el convenio especial con la Seguridad Social hasta los 62. Para el personal de 59 a 61, la compañía garantiza un máximo de 800 euros al mes y el 70% en la base de cotización, según la explicación de la CIG. La empresa expresó además "su compromiso" de saldar toda la deuda salarial el próximo 5 de diciembre.
La central lamenta el "entreguismo" de Comisiones Obreras por lo que considera que fue una "aceleración de la firma de este acuerdo" antes de terminar el periodo de consultas previsto. Según Dores Martínez, de la CIG, el sindicato colaboró con la empresa en la coacción de los trabajadores, al advertirles de que si el ERE no era aceptado, la empresa entraría en concurso de acreedores y liquidación. La central nacionalista lamenta que la empresa no aceptase negociar medidas alternativas para reducir gastos, entre otras en las partidas de amortizaciones, que se incrementó un 34%.
