La gestión de la crisis de Sargadelos da un nuevo giro. Tras seis años de despidos y ajustes, enfrentamientos societarios dentro y fuera de los juzgados, los accionistas parecen dispuestos a cesar la guerra y arremangarse para intentar sacar el grupo del concurso de acreedores con un plan de viabilidad que asegure su supervivencia y el mantenimiento de 90 puestos de trabajo directos.
Los herederos de Isaac Díaz Pardo -cofundador del proyecto Sargadelos con Luis Seoane- han decidido retirar las tres demandas en las que exigían seis millones de euros a sus socios a cambio de que el presidente del grupo y principal accionista individual, Segismundo García Rodríguez, renuncie a la querella que presentó contra los consejos de administración de las dos factorías por el desvío supuestamente irregular de fondos de Sargadelos al Instituto Galego de Información (IGI), vinculado al grupo, entre 2000 y 2007.
La idea, según explicó Camilo Díaz a este diario, es "desjudicializar" las relaciones entre los accionistas para lograr un acuerdo con los acreedores que permita la supervivencia del proyecto.
Sargadelos anunció ayer en un comunicado la decisión adoptada por Camilo, Xosé y Rosendo Díaz Arias de retirar los incidentes concursales planteados ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña por los derechos de propiedad intelectual de su padre y los de Camilo Díaz Arias; por el incumplimiento del convenio con el Seminario de Sargadelos, y la reclamación de una serie de efectos personales de Díaz Pardo y de su mujer, depositados en las fábricas.
Los hijos de Díaz Pardo reclamaban 6 millones de euros, casi tanto como la deuda con la que las fábricas suspendieron pagos (7 millones) hace algo más de un año. El comunicado aclara que la decisión de los herederos se produce tras un acuerdo con "el principal accionista del grupo empresarial, Segismundo García", pero no detalla sus términos.
Camilo Díaz Arias asegura sin embargo que el pacto firmado recoge el compromiso del presidente de Sargadelos de retirar la denuncia presentada contra doce miembros del consejo de administración de Fábrica de Cerámicas de Sargadelos y Fábrica de Cerámicas O Castro entre 2000 y 2007. Les acusaba de derivar dinero de las factorías de Sada y Cervo al Instituto Galego de Información (IGI), una de las entidades fundadas por Díaz Pardo y vinculadas al grupo entre 2000 y 2007. Entre los denunciados que fueron a declarar en el juzgado de Viveiro por estos hechos están los socios de García en las fábricas, la familia Vázquez, los hijos de Díaz Pardo y el abogado Santiago Sineiro o Javier Remeseiro, responsable de Recursos Humanos del grupo.
Este diario intentó una vez más sin éxito obtener la versión de Segismundo García y de la dirección del grupo sobre el acuerdo, aunque Camilo Díaz asegura que las demandas de una y otra parte ya están retiradas.
Ésta no es la primera vez que los socios de Sargadelos intentan aparcar sus conflictos judiciales por el bien de la empresa. Ya en marzo, en vísperas del primer juicio por el legado de Díaz Pardo, sus herederos decidieron aplazar el proceso en busca de un acuerdo sobre el accionariado y la gestión de las factorías pero finalmente, afloraron las diferencias y el proceso judicial volvió a arrancar. "No queremos ser un obstáculo para que la empresa salga adelante, pero soy muy escéptico", confesaba ayer Camilo Díaz.
Y es que el trasfondo del conflicto societario -con accionistas enfrentados pero ya con una mayoría del capital alineada con Segismundo García- está en la gestión. Los Díaz Arias entienden que la crisis de Sargadelos comenzó cuando su padre fue apartado del proyecto y éste perdió sus valores y el acervo cultural y mediático que le aportaba el genial artista. Sus adversarios en el consejo de administración entienden que Sargadelos, con una producción prácticamente artesanal y un producto de diseño y alto valor, necesita una renovación del modelo de negocio y conceptual que para los Díaz Arias casa mal con la tradición que mantuvo viva la empresa. La crisis de Sargadelos estalló en 2009, tras producirse una caída de las ventas de un 30%. Desde entonces, la empresa no ha salido de las pérdidas y ha ejecutado siete Expedientes de Regulación de Empleo de reducción de jornada y extintivos. El año pasado suspendió pagos con una deuda de siete millones de euros.
La empresa es optimista tras el acuerdo entre socios y después de que el Supremo confirmase la legalidad del último despido colectivo para 70 trabajadores, confía en que sus acreedores firmen un convenio antes del fin de este año
