"El Gobierno de Feijóo quiso ser ejemplo de austeridad y lo fue al ser el primero en recortar a los empleados públicos, el que más recortó y hoy se demuestra que será el último en devolver y el que menos lo hace". CSI-F, como el resto de los sindicatos, se apuró ayer a mostrar la indignación con la que salió de la Mesa Xeral de Empregados Públicos. Las cuatro centrales coinciden en destacar que los empleados públicos gallegos son discriminados frente a los del Estado, al sufrir más ajustes que sus compañeros y recuperar sus derechos más tarde. "Exigimos la derogación de la Lei 1/2012 que recoge todos los ajustes y un calendario real de la devolución", dijo José Vázquez, de UGT. Ramiro Otero, de CCOO, demanda además un acuerdo de negociación colectiva con subidas salariales, elevar la tasa de reposición de los puestos sin cubrir y una jornada laboral de 35 horas (Feijóo también la incrementó a 37,5 horas). A Fernando García, de CIG, no le extrañaría que la Xunta moviese ficha el año que viene, antes de la cita con las urnas, y demanda recuperar el poder adquisitivo perdido.
Los calendarios electorales del Estado y la autonomía no coinciden y el ritmo en la devolución de los derechos recortados a los funcionarios durante la crisis, tampoco. Los 90.000 empleados de la Xunta tendrán que esperar como mínimo dos años más para recuperar las pagas extra que cobraban antes de que en 2012 el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aprobase una ley urgente para recortar la cuantía de las extras de Navidad y verano, los días de asuntos propios, la remuneración durante las bajas de hasta 20 días y el descanso semanal del personal laboral, en línea con las medidas aprobadas por el Gobierno del Estado para contener el déficit público, entre ellas, la supresión de la extra de diciembre de 2012.
El director xeral de Función Pública de la Consellería de Facenda, José María Barreiro Díaz, y su número dos se reunieron ayer con los cuatro sindicatos con representación entre la plantilla de la Xunta dentro de la Mesa Xeral de Empregados Públicos para explicarles cómo está prevista la devolución de la extra suprimida en la Navidad de 2012 tras un primer abono del 25% de esa paga este año.
El Ministerio de Hacienda acaba de confirmar que reintegrará otro 26,23% de esa remuneración pendiente con la nómina de octubre, además de devolver el día de asuntos propios pendientes que faltaba por recuperar. La Xunta ha decidido mover ficha para hacer lo mismo. Pero tras la reunión de ayer, Comisiones Obreras, CSI-F, UGT y CIG coinciden en que sólo ha dejado claro que pagará el 26,23% de la extra muy posiblemente con la nómina de noviembre, un mes después que en el resto del Estado. Lo demás son incógnitas.
Barreiro dio por hecho que el otro 50% de la extra que los funcionarios aún tienen pendiente de recuperar se devolverá el año que viene, aunque no concretó el plazo y lo vinculó con una negociación que se abrirá en breve con los sindicatos para tratar los presupuestos de 2016. A continuación se detallan otros derechos recortados cuya restitución está aún en el aire:
EComplemento específico de las pagas extra. Los funcionarios de la Xunta tienen reconocido un complemento salarial específico que les fue retirado de las pagas extra desde 2013, además de recortarles el sueldo base y los trienios en esos abonos, un ajuste que CSI-F cifra en el 40% de la extra y que se contrapone con la mera congelación salarial aplicada en el resto del Estado. La CIG calculó ayer que la retirada de estos complementos supuso un recorte en los tres últimos años de entre 2.393 y 9.016 euros por trabajador -en función de su categoría-. Facenda evitó ayer en su encuentro con las centrales concretar cuándo se devolverán esas cantidades y situó "en 2017 o 2018", como pronto, su retorno a las nóminas de los empleados.
E' 'Moscosos' y 'canosos'. La Xunta se compromete a aprobar una ley de urgencia para trasponer a Galicia el real decreto que acaba de sacar el Gobierno central para garantizar la devolución del 26,23% de la extra adeudada y el último de los seis días de libre disposición ordinarios (moscosos) que les faltaba por recuperar. Los funcionarios gallegos tenían sin embargo nueve moscosos -conseguidos a cambios de congelaciones salariales, según CSI-F- pero la Xunta no concreta si les devolverá los tres que faltan. Lo mismo ocurre con los días de asuntos propios vinculados a la antigüedad (canosos). Al mínimo de seis días por trabajador que marca la ley se unen otros ocho días cuando el funcionario tiene cumplidos ocho trienios (24 años de servicio) y a partir de ahí se añade un día por cada trienio. Como ayer aseguró UGT, los trabajadores de la Xunta se quedaron con sólo tres canosos.
EBajas médicas. La Xunta impuso un recorte en el salario de los trabajadores que cojan una baja laboral. Los funcionarios gallegos no cobran el 100% de su salario durante los veinte primeros días de esa incapacidad temporal, que se reduce más durante los primeros días de enfermedad.
EDescansos semanales del personal laboral. La Xunta suspendió el artículo 19 del convenio de su personal laboral (no funcionario) que prevé un descanso mínimo de dos días seguidos y domingos alternos y que afecta especialmente a quienes trabajan en régimen de turnos en servicios como los contraincendios o los gardacostas. El Gobierno gallego se comprometió a pagar por los descansos suprimidos, pero según UGT, y a la vista de que la propuesta de pago fue rechazada por los sindicatos, ni los abona ni los reconoce como derechos, especialmente entre los trabajadores del Consorcio de Benestar (geriátricos, entre otros), cuyos puestos deben ser siempre cubiertos en periodos de vacaciones o libranzas. De ahí que los empleados de este departamento lleven años con movilizaciones contra sus condiciones laborales.
EFondo de Acción Social. Las ayudas que el Gobierno gallego tenía previstas solo están vigentes para personas con discapacidad.
ERebaja salarial del 5%. Aprobada por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Xunta evita concretar fechas o si está dispuesta a derogarla, como exigen los sindicatos.
EAcuerdo retributivo del personal del Sergas. Fue suspendido ya en 2011 y supuso, según UGT, que las horas de guardia sean en Galicia de las peor pagadas de España, entre otras cuestiones.
