Los plazos para acudir a la puja eólica extra del día 26 son imposibles de cumplir, según la patronal del sector

Después de justificar hasta la saciedad que su reforma energética respondía a la necesidad urgente de atar en corto el gasto público porque el sistema contaba con productores de sobra, al Ministerio de Industria le entraron las prisas para levantar la moratoria en renovables antes de finiquitar la legislatura. El pasado 29...

14.11.2015 | 18:07
Parque eólico en Lalín.

Las firmas tendrán solo seis días para anotarse tras presentar alegaciones a la convocatoria

Después de justificar hasta la saciedad que su reforma energética respondía a la necesidad urgente de atar en corto el gasto público porque el sistema contaba con productores de sobra, al Ministerio de Industria le entraron las prisas para levantar la moratoria en renovables antes de finiquitar la legislatura. El pasado 29 de octubre publicó el proyecto de resolución que fija para el próximo día 26 la subasta de 500 megavatios (MW) de potencia eólica y 200 de biomasa con derecho a subvención. Apenas un mes de distancia entre las dos fechas para un proceso que realmente aún no comenzó. El departamento que dirige José Manuel Soria acaba de cerrar el trámite de las alegaciones al borrador de la convocatoria y el sector del viento en Galicia ya le avisa de que no hay tiempo suficiente para una puja en condiciones, en la que existen, entre otras debilidades, un riesgo "evidente" de "especulación".

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) recuerda a Industria en sus alegaciones que la ley fija "taxativamente" un mínimo de 15 días en información pública, por lo que los 10 días otorgados en este caso "generan una absoluta indefensión en los afectados" al carecer de un plazo "suficiente" para "el adecuado estudio y formulación de las oportunas alegaciones". Es cierto que hay la posibilidad de un trámite abreviado, pero únicamente "cuando razones debidamente detalladas así lo justifiquen". "En el presente supuesto no existe ninguna razón", remarca la patronal del viento en la comunidad, "o, cuando menos, por parte de la Subdirección General [de Política energética] no se ha motivado adecuadamente".

El proyecto de resolución viene solo, sin "documentación alguna" sobre lo que, critica EGA, se requiere previamente: informe sobre necesidad y oportunidad, de impacto de género, memoria económica, dictámenes preceptivos, estudios y consultas evacuadas, informe de la Secretaría General Técnica y del Consejo de Estado "cuando sea preciso". Los promotores eólicos gallegos dan por hecho que todo eso está en algún lado, pero los interesados en la subasta no pudieron acceder a ello para "formular adecuadamente las presentes alegaciones". "Se hurta -reiteran- a esta representación el estudio de aquella información de obligada elaboración por parte del Ministerio que debería obrar en el expediente". El trámite de audiencia "resulta del todo incompleto".

En toda la antesala para redactar la resolución, la patronal eólica de Galicia echa en falta además "el informe preceptivo" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El contenido "resulta de suficiente transcendencia" para pasar el filtro del superregulador. EGA habla de "un ejercicio evidentemente forzado" desde Industria en el uso de la figura normativa de la resolución en lugar de un real decreto o una orden, por lo que les parece "cuando menos, lógico" que la CNMC, en calidad de órgano consultivo en materia energética, se pronuncie "al objeto de garantizar la transparencia del proceso competitivo desarrollado".

En sus alegaciones ponen como ejemplo el instrumento de gestión de la demanda de interrumpibilidad; las subastas para grandes industrias con elevado consumo de electricidad que optan con ellas a una rebaja del precio de la electricidad a cambio de que se les pueda reducir o cortar el suministro en caso de una emergencia del sistema por un exceso de consumo y baja producción eléctrica. Estas pujas son convocadas siempre a través de órdenes ministeriales. El empleo de una resolución y no de otro instrumento legal es en sí misma otra de las alegaciones de EGA. ¿Por qué? La resolución solo puede emplearse para garantizar el cumplimiento de una norma de mayor rango. Sin entrar a regular contenidos adicionales a los que esa norma superior recoge. Algo que aquí, según los empresarios del viento, no ocurre. La CNMC también lo advirtió.

El calendario que la resolución marca para todo el proceso es, a juicio de EGA, "una temeridad". La fecha límite para las alegaciones acabó el miércoles, día 11. Y el 19 se cierra otro plazo, el de la presentación de candidatos. Seis días hábiles para, incluso, revisar alegaciones, tras quitarle el domingo y la jornada de la convocatoria de la puja, a celebrar el día 26. "Resulta de imposible cumplimiento", reprocha la patronal, que insta a reservar un mes entre la convocatoria y la celebración.

La "incongruencia temporal" afecta también a los plazos máximos para dar de alta a las instalaciones subvencionadas. 48 meses para la inscripción definitiva en el registro del régimen retributivo específico. El año 2019. La orden que hace posible la subasta prevé la posibilidad de obtener la autorización de explotación en 2020.

Realmente, los candidatos a la subasta no deben identificar qué parques quieren levantar. Ni en dónde. Cada uno ofrece uno o varios paquetes de megavatios y un precio posible de la electricidad en función del coste que tiene para ellos y las fórmulas de ingresos, gastos e inversión previstas por Industria. No existe ninguna limitación efectiva técnica, económica o jurídica, según EGA, para presentarse. Y es posible que la potencia ganada cambie de manos, mientras así se comunique antes de que la instalación entre en funcionamiento. Lo que provocará, "sin ninguna duda" para los promotores gallegos, "una evidente especulación de los derechos derivados de la subasta", además de una contradicción con "los criterios de eficiencia" ante "la posible participación de agentes externos a la mera promoción de las instalaciones".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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