Bruselas no multará de inmediato a España por el incumplimiento de los objetivos de déficit porque "no es el momento adecuado ni política ni económicamente para dar ese paso", según el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. El Ejecutivo comunitario aplaza así al mes de julio, después de las elecciones generales del 26-J, su decisión sobre la posibilidad de sancionar con hasta 2.000 millones de euros al Estado español por transgredir la disciplina presupuestaria que marca la UE. La Comisión Europea sí fijó la nueva senda a la que quedará obligada España y particularmente el nuevo Gobierno que salga de las urnas: el país tendrá un ejercicio más (hasta 2017) para reducir el déficit al 3% y entre este año y el próximo habrá de hacer nuevos ajustes fiscales (vía recortes de gasto o aumento de ingresos) por valor de unos 8.100 millones de euros.
La decisión de la Comisión Europea despeja la amenaza de que el país reciba una multa millonaria camino de los comicios del 26 de junio y traslada la cuestión al próximo Gobierno. El actual Ejecutivo de Mariano Rajoy había presionado en esa dirección. La decisión llega después de que la semana pasada el colegio de comisarios europeos se inclinara mayoritariamente por imponer una sanción a España, según indicaron entonces fuentes comunitarias, a la vista de las cifras de déficit del país: España cerró 2015 con un desfase entre gastos e ingresos del 5,1% del PIB (incluidos los 0,1 puntos que suman las ayudas a la banca) frente al 4,2% exigido por sus socios europeos, con lo que resulta inalcanzable el 2,8% comprometido para 2016.
A la vista de las cifras, la Comisión reconoce que no es "realista" esperar que el país cumpla las metas pactadas, por lo que le ha dado un año más para reducir su desvío por debajo del 3%, hasta 2017. Eso sí, este año tendrá que reducir el déficit hasta el 3,7% del PIB y el siguiente al 2,5%, lo que requerirá ajustes por valor de más de 8.100 millones de euros, ya sea a través de medidas que incrementen los ingresos (subidas fiscales, por ejemplo) o que reduzcan los gastos, recortes. La CE exige a España unos "esfuerzos estructurales" equivalentes al 0,25% del PIB en lo que queda de este año y de un 0,5% en el próximo, aunque el modo de alcanzarlo queda en manos del Gobierno que sea elegido después del 26-J.
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"Corresponde a España tomar sus propias decisiones fiscales, mientras se mantenga en sus objetivos", afirmó el vicepresidente de la Comisión para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, tras ser preguntado sobre si España tiene margen para una bajada de impuestos como la que ha planteado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, si vence en los comicios. Rajoy declaró en una entrevista al Financial Times que se planteará una nueva rebaja tributaria si gobierna tras los comicios. La reforma fiscal decidida en 2015 (IRPF y sociedades) ya incomodó a Bruselas por su efecto en los compromisos de reducción del déficit. La Agencia Tributaria estima que la merma de recaudación por la reforma fiscal se acercó a 6.000 millones de euros.
La concesión de la prórroga (con la que España suma ya cuatro años de margen adicional desde 2009) no significa que el país esté a salvo de una sanción por no haber hecho una vez más los deberes a tiempo, ya que la decisión solo ha sido pospuesta a principios de julio. Si llegara la sanción de 2.000 millones (0,2% del PIB), el ajuste necesario para cumplir la senda del déficit se iría por encima de los 10.000 millones. "Hemos concluido que no es el momento correcto ni económico ni político para tomar esta medida", justificó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, que alegó, entre otras cuestiones, que el actual Gobierno español está en funciones y no puede tomar las medidas necesarias para corregir la situación.
En una lectura ortodoxa de las reglas, la Comisión podría haber tomado ayer ya su decisión, pero como indican fuentes europeas, ésta nunca aplica las reglas de disciplina fiscal de manera "mecánica" y siempre tiene en cuenta otros elementos.
"Lo cierto es que hemos tenido en cuenta el momento del ciclo económico en el que estamos, que es un momento en el que se trata de dar señales y a la vez (asegurar) el respeto por las reglas, así como apoyar el crecimiento con una política presupuestaria que ha pasado a ser ligeramente expansionista", dijo el comisario. Moscovici mencionó también la crisis, la tasa de paro "extremadamente alta" y los esfuerzos reformistas ya acometidos por España, pero avisó, no obstante, de que la Comisión está dispuesta a hacer cumplir las normas de disciplina fiscal. Bruselas también reclama embridar las cuentas de las comunidades autónomas, mejorar los servicios de empleo autonómicos y abordar la reforma de los servicios profesionales, pendiente desde hace años.
