El fin del mandato del actual Gobierno en funciones y los plazos de formación del próximo ejecutivo amenazan con retrasar más allá de septiembre la subasta de primas eléctricas a la que optan empresas como Alcoa para abaratar su recibo a cambio de ofrecerse a reducir o cesar su consumo energético en caso de emergencia (interrumpibilidad) o riesgo de apagón. El Ministerio de Industria trabajaba con la hipótesis de repetir el esquema del año pasado, cuando esa puja para repartir los 550 millones en incentivos de este 2016 se celebró entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre. Ese plazo es el límite, según las empresas que participan en el proceso y que por su sistema de producción tienen un consumo eléctrico intensivo, porque les permite fijar con tiempo los precios a los que van a producir y cerrar contratos comerciales del siguiente ejercicio.

Alcoa, que busca comprador para sus fábricas de A Coruña, San Cibrao (que suman más de 1.600 empleados) y Avilés, transmitió a sus trabajadores que esa subasta y los resultados que obtenga -en cuánto reduzca su factura- son claves para decidir su futuro.

La convocatoria de esa puja es prolija en trámites previos, que todavía no han sido finalizados y, para celebrarse tras el verano era necesario que la Secretaría de Estado de Energía aprobase una resolución que rija los aspectos técnicos de la convocatoria antes de la llegada de julio, como en abril aseguró Miguel Duvison, director general de Red Eléctrica de España (REE), la empresa que opera el sistema eléctrico y se encarga de convocar y organizar esas pujas. Tras las elecciones de mañana, el Gobierno de Rajoy seguirá en funciones hasta finales de julio, dado que está previsto que las Cortes se constituyan el día 20 y la investidura del próximo presidente será después.

A partir de mañana, Industria sólo dispondrá de cuatro días hábiles para aprobar la resolución antes del fin de junio. El año pasado ese documento fue aprobado el 10 de julio, con la apertura de un plazo de alegaciones de seis días, y el Ministerio llegó sin embargo a tiempo. Pero ni siquiera es probable que se produzca en esa fecha esta vez, dado que la actividad de un gobierno en funciones es muy limitada y más aún en el caso de Industria, de forma interina en manos del ministro de Economía, Luis de Guindos, desde la dimisión de José Manuel Soria por los papeles de Panamá.

Fuentes del Ministerio de Industria consultadas por este diario evitaron concretar si existe una fecha predeterminada para la celebración de la puja y precisaron no tener constancia de que los técnicos de la institución trabajasen en la resolución que marcará sus normas. Duvison aseguró en abril que REE trabajaba ya "mano a mano" con el Ministerio . Tampoco Alcoa ha tenido conocimiento de las normas de esa subasta aunque lo que parece claro es que como en los dos últimos años repartirá las bonificaciones para un único ejercicio. Fue precisamente el director general de Operación de REE, Miguel Duvison, quien dejó claro, también en abril, que el Gobierno no iba a acceder a modificar las normas de la subasta para repartir las primas (de unos 550 millones por ejercicio) en una subasta a tres años. Ésta es una vieja demanda de Alcoa -y también de sus trabajadores-, que desde hace años advierten de que los altos precios de la electricidad en España le impiden producir a un precio competitivo y planificar inversiones a largo plazo. REE restó importancia hace dos meses a la fecha en la que se celebrará la puja, y precisó que al Estado no le generaría ningún problema retrasarla a finales de año, como la que se convocó in extremis en 2014. A las empresas sin embargo sí, al limitar la planificación de su actividad para 2017.