La economía española afronta una semana decisiva en la que Bruselas dará a conocer la sanción por el desequilibrio fiscal de 2015 y una nueva senda de consolidación que determinará el diseño de los ajustes que deberían incluirse en el presupuesto de 2017. Con la expectación de saber qué decisión adopta el colegio de comisarios y de si prosperan las negociaciones para un nuevo gobierno en España, el Ejecutivo en funciones pide un "acuerdo de mínimos" para aprobar las cuentas del año que viene y no perjudicar a pensionistas y funcionarios. El miércoles el foco estará en Bruselas, donde la última reunión de la Comisión Europea (CE) antes del paréntesis estival decidirá la cuantía de la multa a España por sus esfuerzos insuficientes para reducir el déficit en 2015 (5 % del PIB), y la senda de reducción del mismo que deberá asumir España hasta quedar por debajo del preceptivo 3%.
Esta decisión será determinante a la hora de definir un techo de gasto y un presupuesto para 2017. Así, el Consejo de Ministros debería aprobar el 23 de septiembre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para que sea presentado en el Congreso antes del día 30. En los próximos días se conocerán también los datos del PIB, deuda pública o la encuesta laboral.
