El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) trasladó a la Fiscalía un total de 47 operaciones supuestamente irregulares de las entidades financieras que recibieron dinero público, con un perjuicio económico global estimado de 3.587,8 millones de euros. Así lo indicó ayer el presidente del FROB, Jaime Ponce, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. En total el organismo revisó 90 operaciones de entidades con apoyo público relacionadas con el tráfico inmobiliario y prácticas retributivas.
"La exigencia de responsabilidades a los gestores de las entidades que recibieron ayudas públicas, así como la detección de cualquier conducta irregular, ha sido desde el inicio de la reestructuración bancaria uno de los principales focos de atención del FROB", defendió Ponce.
Ponce indicó que esta labor de detección de conductas "potencialmente" irregulares y denuncia a la Fiscalía se erige como la "más relevante" que corresponde al FROB. Además, ha destacado que el organismo se ha personado en 24 causas penales, de las que 20 están iniciadas por denuncia del propio organismo.
Por ello, el presidente del FROB reivindicó que la institución ejerce "con diligencia" sus responsabilidades en esta materia. Tras la labor de detección y denuncia inicial, subrayó que el organismo coopera de forma "activa" con la Administración de Justicia, en especial con la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de favorecer la "adecuada" instrucción de las causas.
Bankia y BMN
Ponce también explicó que el fondo estatal prevé decidir a finales de este año o a principios de 2017 sobre las nacionalizadas Bankia y BMN, que podría fusionar o vender por separado. Operación que en cualquier caso, dijo, determinará la recuperación de las ayudas públicas a la banca. "Nos encontramos en una fase de estudio y contraste de las mejores alternativas para maximizar el valor de dichas entidades y, por tanto, optimizar la capacidad de recuperar las ayudas", dijo el presidente del FROB durante su comparecencia en el Congreso.
