Los sectores de la telefonía y las compañías eléctricas habitualmente ocupan los primeros puestos en el número de reclamaciones de los consumidores y en las sanciones impuestas por Consumo, con excepción del excepcional año pasado debido al dieselgate. El primero fue sancionado, a falta de que sean firme las decisiones, con 1,7 millones de euros, por 3,99 de las segundas.
Normalmente, las acciones coercitivas de la Administración se refieren a cobros indebidos, no atender reclamaciones de los usuarios vulnerando sus derechos, aplicar cláusulas abusivas o incurrir en prácticas comerciales desleales, según el IGC.
Las eléctricas se encuentran de plena actualidad, tras alcanzar el precio de la luz máximos anuales en las subastas coincidiendo con la ola de frío, aspecto que investigará la Fiscalía de lo civil del Tribunal Supremo.
El año pasado, el peso de las reclamaciones a estas firmas se redujo al pasar del 21,2% al 16,4%, según los datos del IGC. Las sanciones que reclama la Xunta alcanzaron los 3,99 millones de euros, casi un millón menos que los 4,8 de 2014, cifra que entonces casi triplicó los datos de 2013. La memoria del departamento público no concreta lo sucedido en 2015.
Las telefónicas coparon de nuevo el primer puesto con el 30,3% de quejas, siete puntos menos que el ejercicio anterior. Normalmente, los problemas para darse de baja de un contrato o eliminar determinadas cláusulas protagonizan esos conflictos.
En ese terreno, el sector del automóvil, con 11,1 millones, encabeza la lista por el efecto del caso Volkswagen. El sector electrónico alcanzó los 623.000 euros en multas, por 340.000 de la alimentación y 317.000 del textil y calzado, según Economía.
