Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consello de Colexios de Economistas de Galicia, está en estado de shock, como muchos accionistas, ahorradores, titulares de obligaciones subordinadas y bonos convertibles del Banco Popular. La caída de la entidad que en 2011 sacó pecho de comprar sin ayudas el Banco Pastor por 1.300 millones fue intervenida y colocada al Santander por un euro en tiempo récord; en solo doce horas. 300.000 accionistas -entre 20.000 y 30.000 de ellos, gallegos- se desayunaron el miércoles con la terrible noticia de que sus participaciones en el Banco Popular no valían nada. Así, sin anestesia.

Como ellos, los economistas y abogados exigen explicaciones de los supervisores financieros, del Gobierno y de las auditoras que durante años se supone que verificaron que las cuentas daban "imagen fiel" de la situación del banco. Siete años después de iniciarse la mayor reestructuración financiera de la historia de España, los reguladores vuelven a encogerse de hombros ante la pregunta de por qué nadie advirtió que las cuentas del Popular no reflejaban un problema larvado, como todos los de entidades quebradas, en la etapa del boom inmobiliarioboom.

"Estoy indignado y opino en el estado de shock en el que estamos, sin mucha información", advierte Vázquez Taín, y recuerda que hace menos de un mes el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que el Popular era solvente. El también profesor de Economía Pública y Sistemas Fiscales en la Universidade de Santiago y licenciado en Derecho exige aclaraciones: "En 2012 el Popular compró el Pastor y en cuatro años y medio , ¿se dilapidó todo el capital? Se requiere una explicación y el Gobierno tiene que darlas". Taín destaca el especial perjuicio que sufre Galicia, por el arraigo del Pastor y donde la fundación Barrié pierde su principal fuente de ingresos. "Si el Popular fuese una entidad con arraigo en Cataluña, igual no habría pasado esto, pero tenemos poco peso", dice, y compara esta actuación con los esfuerzos realizados por Italia para salvar el Monti dei Paschi.

Venancio Salcines apunta en esa misma línea y explica que el Gobierno italiano "se peleó" con el Banco Central Europeo (BCE) para evitar la caída del cuarto mayor banco de Italia. La opción allí fue un rescate con dinero público -el banco sienés precisaba 8.800 millones- y repercutir las pérdidas en los accionistas pero no en los bonistas engañados. El presidente de la Escuela de Finanzas de A Coruña cree que habría otras soluciones, como que el Banco de España garantizase la liquidez del Popular para cerrar la salida de depósitos, como ocurrió en 1993 con la intervención de Banesto.

Salcines ve "muchos claroscuros" en la operación y como Taín, reclama explicaciones del Banco de España y de Luis de Guindos, pero cree que sólo las demandas judiciales permitirán saber parte de lo que pasó. "El expresidente Emilio Saracho, un gran experto en mercados financieros que sabe que el 12% del capital del banco está en manos de bajistas, se dedicó a lanzar incertidumbre y eso hundió el valor. ¿Por qué tuvo una gestión tan negligente?". El principal corto del Popular es además Blackrock, "principal accionista del Santander", recuerda. Y advierte del perjuicio en la salida de depósitos que causaron las filtraciones de quiebra inminente que provocaron un desmentido en forma de Hecho Relevante a principios de mayo y el de Reuters, el día 31.

El catedrático de la Escuela Universitaria Empresariales de A Coruña, Antonio Grandío, cree que Emilio Saracho era un experto en banca de inversión, pero no en banca comercial. "Ser tan claro y decir que necesitas ampliar capital por 5.000 millones en la situación del Popular o que te compren y que nadie te compre es un desastre", comenta. "Si tienes que acudir por liquidez al BCE -el resto de la banca española le cerró el grifo-, se activa el mecanismo de resolución bancaria", añade, y reconoce que las filtraciones de quiebra inminente provocaron el pánico y la consecuente retirada masiva de depósitos: "Hicieron mucho daño pero los grandes bancos tenían que comprar barato". Para Grandío, pasó finalmente "lo que tenía que pasar" una vez descartada la inyección de dinero público, con la que "como ciudadano" no está de acuerdo.

Para el director general de Bolsa General y colaborador de LA OPINIÓN A CORUÑA, David Galán, Popular tenía problemas evidentes, como demostraba que sus acciones llevasen diez años cayendo. Eso no evita que no vea errores en la gestión de su crisis, como "la lentitud en tomar decisiones", primero por el empeño de Ángel Ron de seguir en solitario y ampliar capital y luego, porque su relevo y la solución llegaron tarde. "Si yo avisé a los inversores de que era casi imposible que Banco Popular continuase en solitario y sería absorbido, ¿cómo no lo iban a saber las autoridades y los dirigentes del banco?", plantea.

Y es que la historia reciente de la banca española debería haber sido suficiente para que cualquier observador mínimamente informado, incluso sin formación financiera, se alarmase ante un banco que en menos de cuatro años amplió su capital dos veces para captar 5.000 millones de euros, (el doble del agujero que Banesto tenía cuando fue intervenido).

El economista de amplia trayectoria en banca y experto en concursos de acreedores Xosé Antón Pena Badía lo cree así y no se explica cómo el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no actuaron ante esta bola de nieve. "No era un secreto que el banco tenía problemas desde 2008, cuando estalló la burbuja del ladrillo. La rápida intervención del MUR [Mecanismo Único de Resolución europeo] nos impide saber cuál es el nivel de deterioro de los activos del Popular", opina Pena Badía, quien cree que el origen del problema está en una deficiente cobertura en provisiones de los activos inmobiliarios. Exige sin embargo responsabilidades, y se pregunta qué pasó para que desde 2008 hasta el reconocimiento de pérdidas de 3.500 millones en 2016 "se violase" la obligación de reflejar la imagen fiel de la empresa en sus cuentas. La auditora PricewaterhouseCoopers y las inspecciones de la CNMV y el Banco de España no sirvieron para desvelar el déficit y aquí es donde este experto ve posibilidades para una acción de responsabilidad entre otras denuncias "que pueden dejar corta" la batalla de las preferentes.

Xoán Antón Pérez Lema, abogado y secretario general de la asociación de consumidores Acouga da fe de que accionistas y ahorradores se mueven a paso ligero. En sólo dos días ha recibido una veintena de consultas y abierto una docena de expedientes y su lista de citas para la semana que viene es larga. Y como él, todos sus compañeros. Cree que quienes acudieron a la última ampliación de capital, en 2016, tienen allanado el triunfo de una demanda de nulidad de venta por vicio de consentimiento, dado que hasta el propio Saracho reconoce errores en las cuentas de 2016. Ha recibido también a clientes con obligaciones subordinadas: "Habrá un goteo, hay casos de empresas y personas con 200.000 y 300.000 euros y empleados que se endeudaron para ir a la ampliación de capital".