Los transportistas gallegos tramitan ya alrededor de 7.000 reclamaciones contra los fabricantes de camiones -Iveco, DAF, Volvo-Renault, MAN y Daimler-Mercedes- que entre 1997 y 2010 pactaron precios con un sobrecoste para los compradores de entre el 10% y el 20% del valor del vehículo adquirido. La Comisión Europea constató el año pasado la existencia de este cártel e impuso a las compañías que lo integraban una multa conjunta de 2.930 millones.

Una vez publicada la sanción en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el pasado 6 de abril, los afectados comenzaron a preparar la documentación necesaria para presentar las reclamaciones y exigir daños y perjuicios. Actualmente, distintos despachos de abogados tramitan ya unos 7.000 expedientes relacionados con camiones propiedad de empresas o autónomos de Galicia, según los datos facilitados por el presidente de la federación gallega de transportistas Fetram, Antonio Señarís del Río. "En Fetram tenemos en curso unas 1.500 reclamaciones, la federación nacional, Fenadismer [Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España], gestiona directamente otros 2.500 casos gallegos y otras asociaciones de la comunidad y profesionales de forma independiente suman alrededor de otros 3.000 expedientes, lo que da ese total de 7.000", detalla el también presidente de la asociación coruñesa de transportistas Ascentra.

La mayoría de estos casos aún no ha llegado a los juzgados pues antes de recurrir a la vía judicial los afectados tienen que presentar la reclamación ante los fabricantes y después, en caso de que su respuesta sea negativa o no la haya, acudir a los tribunales. De momento, de todas las reclamaciones enviadas por transportistas gallegos a las compañías implicadas, sólo han obtenido respuesta los propietarios de camiones de la marca MAN. La firma reconoce los contactos con otros fabricantes pero descarta indemnizar a los afectados alegando que los acuerdos entre las empresas del sector no influyeron en los precios de venta de sus camiones. Los otros cuatro grupos integrados en el cártel ni siquiera han respondido a los escritos remitidos por los afectados.

Ante esta situación, los transportistas gallegos están inmersos en la elaboración de varios informes periciales para avalar su reclamación y saber las cantidades que deben exigir en cada caso y, posteriormente, presentar las demandas. Ahí comenzará un proceso judicial en el que los asesores legales de los afectados son moderadamente optimistas.

"Hay que actuar con cautela y hacerlo todo bien porque estamos luchando con gigantes que pueden contratar a las principales firmas de asesoría y consultoría del mundo para elaborar informes periciales favorables a sus intereses y también a los mejores abogados", advierte Ignacio Caruncho, socio director del bufete coruñés Caruncho, Tomé & Judel, que gestiona los casos de los socios de Fetram. "Tenemos la ventaja de que los hechos ya están probados y reconocidos, por lo que la batalla judicial se centrará más en cuantificar los daños y perjuicios que en probar esas irregularidades", resalta el representante de este despacho coruñés, integrado en la red nacional de abogados Hispajuris, que ya ha presentado algunas demandas contra los fabricantes de camiones en otras comunidades.

Los 7.000 casos analizados por ahora en Galicia son algo menos de la mitad de los previstos por las asociaciones de transportistas, que calculan que hay unos 18.000 vehículos en la comunidad -muchos ya desguazados porque el pacto duró 14 años- afectados por el cártel de los fabricantes. "Ahora los casos aparecen a cuentagotas. Hay afectados que aún están buscando la documentación necesaria para reclamar, otros son de empresas que ya han cerrado o el empresario o autónomo que podía hacerlo ha fallecido e incluso hay transportistas que no quieren reclamar porque mantienen una buena relación con el fabricante", relata Señarís del Río.

De los 2.930 millones de multa impuestos por Bruselas, 752,7 millones correspondieron a DAF, 670,45 a Volvo-Renault, 1.008,8 a Daimler-Mercedes y 494,6 millones a Iveco. Estas cantidades son las resultantes de una rebaja del 10% concedida por Bruselas por reconocer los hechos que se les imputaban. En el caso de MAN la reducción de la sanción fue del 100% por ser la compañía que confesó la existencia del pacto cuando el Ejecutivo comunitario inició las investigaciones.