La Comisión Europea, a instancias de la Generalitat de Cataluña, abrió una investigación por posible daño a la competencia la eliminación por el Gobierno español de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de 30 kilovoltios, utilizada sobre todo por empresas vascas. Esta supresión fue una de las concesiones que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) al PNV para lograr su respaldo al proyecto de presupuesto del Estado. Cinco patronales catalanas expresaron su queja.
