El Gobierno local llevará mañana a pleno el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores, por un importe de 229.025,25.
En total son 27 facturas, entre las que destacan once correspondientes a sobrecostes de las obras del plan E y la compra de cuatro móviles para los ediles nacionalistas -106 euros- con tres fundas de teléfono y otros complementos.
La interventora municipal explica que estos gastos no se contabilizaron en el ejercicio anterior por la "presentación de facturas en ejercicio posterior al que corresponde la prestación del servicio o la falta de crédito presupuestario en el presupuesto al que corresponde". La funcionaria añade que el expediente de cada factura incluye el correspondiente informe de reparo "que pone de manifiesto otros incumplimientos e irregularidades administrativas habidas en la gestión".
El candidato popular a la Alcaldía, Manuel Rivas, opina que la presentación ahora de estas facturas corresponde a "la falta de previsión y planificación" del Gobierno local que "ha generado un desfase en los presupuestos de los FEIL (Fondo Estatal de Inversión Local), a los que se debe enfrentar ahora el Concello con los perjuicios que pueden suponer para otras obras de importancia". Rivas llama la atención sobre el hecho de que gran parte de los 229.025,25 euros se le adeuden a las dos empresas "que se han llevado más del 50% de los concursos" del Plan E, Espina Obras Hidráulicas y Alvac.
El pleno también decidirá si se concede o no al ex concejal de Urbanismo Andrés Arcay y al alcalde, Antonio Varela Saavedra, la indemnización que solicitan -38.400 euros en total- por los gastos jurídicos en los que incurrieron para su defensa cuando les acusaron de un supuesto delito urbanístico y contra el medio ambiente.
No es la primera vez que las minutas de los abogados elegidos por Arcay para su defensa son debatidas en pleno. El ex edil ya presentó la solicitud de indemnización por valor de 17.400 euros en enero de 2008. La corporación decidió dejar el pago de esta factura sobre la mesa, lo que fue posible debido a que la ausencia de tres de los siete concejales que, por aquel entonces, pertenecían al PSOE, dejó al Gobierno local en minoría
La oposición criticó duramente que se acudiera a un bufete de Barcelona y calificó los costes de "abusivos". Por ello solicitó al colegio de abogados de A Coruña una valoración de los servicios. Este organismo exigió el sometimiento expreso a su dictamen tanto del deudor como del acreedor, pero el abogado denegó su disposición a ello y Arcay se mostró "conforme con la minuta presentada", de 17.400 euros.
El Gobierno local, ahora en mayoría simple, vuelve a presentar esta indemnización para su aprobación junto a otra más, la del regidor local. Varela Saavedra presentó el pasado jueves un escrito haciendo constar que fue denunciado en el mismo caso y solicitando el abono de los gastos judiciales que le causó, por idéntico importe.
El PP critica que tanto el Concello como el bufete no quisieran someterse a la mediación del colegio de abogados coruñés para que el gasto derivado del procedimiento judicial "no recaiga, de manera injustificada, en las arcas públicas". "No es lógico que los vecinos de Cambre tengan que pagar las costas judiciales de sus representantes, teniendo éstos servicios jurídicos profesionales más cercanos y baratos", concluye Rivas.
