El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mostró ayer su confianza en que la Consellería de Traballo conceda por fin al Ayuntamiento una de las subvenciones de la última convocatoria de fomento de empleo a través de los programas de cooperación con las entidades locales. García Seoane reveló que el Concello solicitó ayuda económica para realizar 41 contrataciones: cinco para instalar mobiliario urbano, diez para el personal de atención a playas, seis de pintores para edificios públicos, quince para distintas actuaciones en la costa, tres para la plantilla de Protección Civil y dos para la de turismo.
El regidor oleirense declaró ayer que en esta última convocatoria se repartirán entre los municipios "247 millones de euros" con fondos europeos. Seoane declaró que espera que en esta ocasión no suceda como con la solicitud de la escuela taller para recuperar las márgenes del río en Iñás, que daría empleo a 45 personas y que la Consellería de Traballo rechazó.
El alcalde destacó además que "esta convocatoria ya tenía que estar resuelta" pues la consellería tenía que haber publicado ya las subvenciones concedidas a cada municipio gallego.
El BNG en el Parlamento gallego preguntó hace unos días al Gobierno autonómico precisamente por el reparto de subvenciones que realiza la Xunta en materia de desempleo. Los nacionalistas preguntaron por qué los concellos gobernados por el PP recibían más ayudas que el resto y por qué se incrementaron las subvenciones a cursos de formación ofertados por empresas y entidades "ligadas" al Partido Popular.
El Bloque señaló también que de los 19 proyectos de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en la provincia de A Coruña, 15 se otorgaron a concellos gobernados por el PP. Esta formación coincidió así con la denuncia del Gobierno de Oleiros de que la Xunta "discrimina" a este concello en el reparto de este tipo de ayudas.
El Ministerio de Trabajo comunicó recientemente a Oleiros que ha abierto una investigación sobre este reparto de subvenciones de fondos estatales y europeos contra el desempleo tras la denuncia del Concello. La Fiscalía rechazó investigar el asunto al no ser una causa penal sino administrativa.
